La abogada del Tribunal de la UE señala en sus conclusiones que el Concierto Económico es legal y que el Gobierno vasco y las diputaciones forales tienen capacidad fiscal.

"Las conclusiones de la abogada nos sitúan en la misma posición que estábamos antes de que se planteará la cuestión prejudicial y el punto final de la hoja de ruta de este tema será el Tribunal Supremo", afirmó hoy en rueda de prensa.

Pedro Sanz pidió al Tribunal de la Unión que considere a los riojanos como ciudadanos europeos y a La Rioja como región europea y aplique el derecho comunitario, como ha hecho de forma "exquisita" la Comisión Europea, y, del mismo modo, reclamó al Gobierno de España que garantice los principios de igualdad y solidaridad recogidos en la Constitución española.

Asimismo, el presidente del Ejecutivo riojano señaló que "esta situación que venimos padeciendo en La Rioja desde mediados del siglo pasado hay que resolverla de una vez por todas y vamos a ir hasta el final en la convicción y la confianza de que Europa y el Gobierno de España van a poner las cosas en su sitio y van a defender el principio de igualdad y solidaridad".

No obstante, subrayó que "si no nos ampara la Unión Europea ni el Gobierno de España, el Estatuto de Autonomía de La Rioja, que está en proceso de revisión, podrá contemplar mecanismos que corrijan la desigualdad, la discriminación o la situación de privilegio de un territorio frente a otro".

El presidente riojano mostró su interés en declar claro que en ningún momento ha puesto en duda la legalidad de las vacaciones fiscales vascas: "¿Me han oído a mí alguna vez decir que eso no es cierto? ¿Me han oído a mi alguna vez negar la capacidad fiscal de las diputaciones forales? Nunca. Lo que siempre he dicho es que el Concierto Económico puede tener límites, los que establece la Constitución española y la normativa comunitaria, y que es posible compatibilizar el sistema foral con el sistema común", aseveró.

En este sentido, comparó esta situación con la aplicación del céntimo sanitario por parte del Gobierno español y destacó que no hay dudas sobre la autonomía y capacidad fiscal del Estado Español pero la "Comisión Europea le ha dicho que no puede aplicar esta medida a los carburantes porque está sometida a la legislación comunitaria, que está por encima de la capacidad normativa y de determinadas decisiones que hay que comunicar a la UE".