Para los magistrados, el hecho de que la ADIC solicitara su personación "muchos años después" de que se iniciase la investigación no es razón suficiente para negar l ejercicio de la acción popular.

De este modo, los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal rechazan la tesis mantenida por el fiscal, para quien aceptar la personación de la ADIC supondría un "notorio abuso del derecho", ya que la asociación pidió ejercer la acción popular en "fecha reciente y de forma súbita", cuando han transcurrido 9 años desde que se inició la investigación.

La juez Palacios había negado a la ADIC la posibilidad de ejercer la acción popular en este caso, apoando así la tesis del fiscal en este sentido, decisión revocada ahora por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

En este caso, la juez Teresa Palacios investiga los presuntos delitos de falsedad en documento mercantil, estafa y fraude contra la Hacienda Pública cometidos por el Banco de Santander y más de 200 clientes, en los años 1988 y 1989.

Según la juez, las cesiones cambiaron de nombre en varias ocasiones y esto tuvo repercusión fiscal "pues la Hacienda Pública lamó a personas que desconocían el aparecer nominadas, y sin haber entrado tampoco en contacto con los suscriptores".