Dichas fuentes indicaron que éste es el mecanismo que viene aplicando Fomento en los casos en los que se ha producido una salida total o parcial, del accionariado de Airtel, y en el que se viene apoyando la Administración para decidir si aplica o no el régimen de sanciones aceptado por los socios de la operadora con la firma del contrat.

La permanencia en el accionariado durante tres años, añadieron, era una las condiciones exigidas por el Gobierno en el concurso de adjudicación de la licencia explotada por Airtel, y fue objeto de estudios jurídicos similares cuando otros accionistas de Airtel -Caja Asturias, Caja Cataluña y Fecsa- anunciaron movimientos en sus participaciones de la operadora de móviles.

Sin embargo, las mismas fuentes indicaron que no en todos los casos planteados se procedió a pagar la penalización, que consite en que el Estado ejecute un aval de 2.000 millones de pesetas en la proporción de un 2,5% de esta cantidad por cada 1% de capital transferido, lo que arroja una penalización en el caso del Santander de 425 millones de pesetas.

Las cajas que vendieron participaciones de Airtel, indicaron, sí tuvieron que pagar la penalización, pero no ocurrió lo mismo con la eléctrica Fecsa, cuando decidió pasar su 'paquete' a su propietaria Endesa.

En esta ocasión, el informe jurídico elaborado por Telecomunicciones interpretó que la operación no daba lugar a penalizaciones, porque la transferencia de acciones se hacía entre sociedades que no variaban la posesión del capital objeto de la operación, al tratarse de dos empresas del mismo grupo.

El caso Fecsa, indicaron, podría haberse reproducido con la venta del Santander a BT, si no se hubiera efectuado la operación de forma simultánea a la salida del banco de BT Telecomunicaciones, -participada por ambos grupos al 50%- al haber sido ésta la receptora de ls títulos de Airtel vendidos por el banco.