Según el organismo, la guía pivota desde conceptos básicos a otros aspectos relativos al tratamiento diferencial de las cotizaciones y derechos de pensión, contingencias de supervivencia en la pensión, la pensión de jubilación y las prestaciones económicas en función del grado de discapacidad, entre otros.

Con el objetivo de favorecer la integración laboral de las personas con discapacidad, la guía destaca un sistema de bonificaciones o reducciones en las cuotas a la Seguridad Social que realizan las empresas en nombre del trabajador.

Las bonificaciones son de mayor cuantía cuando la empresa contrata a personas con discapacidad severa. Además, dichas bonificaciones y reducciones en la contratación no afectan a los derechos de pensión futuros de las personas con discapacidad.

Los trabajadores con discapacidad pueden suscribirse a un convenio especial, para seguir cotizando a pesar de detener su actividad laboral.

Asimismo, la guía constata que si un trabajador dejase de trabajar con motivo de su discapacidad -sin percibir ninguna prestación pública por incapacidad permanente o pasase a ser pensionista por jubilación-, puede suscribirse a un convenio especial para continuar cotizando a la Seguridad Social.

No obstante, los requisitos pasan por ser mayor de 18 años y menor de 67 años; que la persona esté afectada por un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33% en caso de padecer parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual, o al 65% para las personas con discapacidad física o sensorial que no figuren en alta en ningún régimen del Sistema de Seguridad Social ni en ningún otro régimen público de protección social; que no esté inscrito en los servicios públicos de empleo como demandante de empleo y que no haya trabajado durante seis meses previos a la solicitud del convenio especial.

Del mismo modo, las personas con discapacidad se pueden suscribir a planes de pensiones especiales, que además de contar con mayores ventajas fiscales cuentan con un límite financiero para las aportaciones anuales superior (24.250 euros).

El director del Instituto Santalucía, José Manuel Jiménez Rodríguez, señaló que el objetivo de la guía es “arrojar luz sobre la realidad laboral que viven las personas con discapacidad en nuestro país, y las consecuencias que esto tiene sobre sus pensiones futuras. Además, queremos aportar información y consejos para que conozcan el funcionamiento del sistema de pensiones en España, y cómo su condición impacta sobre sus cotizaciones”.