Las enmiendas introducidas por el PP sobre política farmacéutica sólo fueron apoyadas por el rupo del Gobierno y hubo 66 abstenciones, procedentes de la oposición.

El Grupo Popular rechazó todas las enmiendas que el resto de las formaciones políticas mantuvieron hasta el Pleno de la Cámara Alta, aunque agradecieron el trabajo realizado durante la tramitación de esta ley, que garantiza una cartera de servicios sanitarios para todos los españoles, la cohesión del Sistema y la formación continuada de los profesionales, como afirmó el senador Juan Antonio García-Talavera.

El tono de diálogo antenido por los grupos y el Gobierno durante la andadura de la ley por ambas cámaras se vió distorsionado, según el portavoz del Grupo Socialista, Cristóbal López Carbajal, por la introducción de la enmienda 161 del PP, que modifica "sustancialmente" el Sistema de Precios de Referencia y que para ellos debería ser incluida en una reforma posterior de la Ley del Medicamento.

Varios grupos consideran que algunos aspectos incluidos en le proyecto podrían causar un gran daño a la industria farmacéutica ncional, ya que al fijar el cálculo del precio de referencia sobre los tres precios más bajos de los genéricos de un mismo grupo homogéneo, un acuerdo de varias multinacionales podrían "tirar a la baja el precio" y sacar del mercado al resto, como apuntaron los senadores Ramón Espasa (Entesa) y Vicent Beguer i Oliberes (CiU).

Los grupos vasco y catalán volvieron a insistir en que, una vez concluido el proceso de transferencia sanitaria, los inmuebles de la Seguridad Social destinados a servicios sanitaios deberían se cedidos a las CCAA. El PP reclazó la propuesta argumentando que la Ley de Cohesión no es el mejor vehículo para tratar este tema, que afecta a más de un ministerio.

MOVILIDAD DE LOS PROFESIONALES

La portavoz del PNV, Inmaculada Logroño, también criticó que la movilidad de los profesionales de la Sanidad pública que garantiza la Ley de Cohesión choca con legislaciones autonómicas en materia de personal y "está fuera de lugar".

Por su parte, el portavoz del Grupo Catalán, Vicent Bguer i Oliveres, se mostró satisfecho por las modificaciones introducidas en la ley desde el inicio de su tramitación, que han mejorado el respeto de las competencias de las CCAA, aunque insisten en la necesidad de dejar más clara la financiación del Estado.

Victoriano Ríos Pérez, por Coalición Canaria, expresó su apoyo al texto, una vez que han recibido garantías por parte del Gobierno sobre la necesidad de mejorar la financiación de sus servicios sanitarios, que por el factor distorsionador de la inularidad mantienen una deuda de unos 7.000 millones de pesetas anuales.