La mayor parte, un total de 21.824 inspecciones, se efectuaron en industrias alimentarias, que motivaron 58 propuestas de sanción y el decomiso de 28.548 kilos de alimentos que no reunían los requisitos higiénico-sanitarios, además de cuatro cierres. Estos datos se recogen en la memoria de la Dirección General de Salud Pública y Alimentación, que dio a conocer hoy su máximo responsable, Agustín Rivero.

Rivero destacó que una de las actuaciones más importantes para evitar enfermedades y garantizar la salud de la población descansa en el trabajo de inspecciones y vigilancia sanitaria de aquellas entidades comunitarias o actividades que pueden entrañar un riesgo, como las industrias alimentarias, granjas escuelas, parques acuáticos, zonas de baño o comedores de centros educativos.

Las actividades de vigilancia alcanzan todos los sectores de la industria alimentaria, siendo el sector de restauración, por su censo, el que más visitas motivó (12.905), seguido de la industria de carnes, huevos y derivados (7.266). Este último sector fue el que contó con mayor número de decomisos (16.021 Kilos).

Por otra parte, los técnicos de Salud Pública efectuaron 187 inspecciones de las condiciones higiénico-sanitarias de los 20 mataderos censados en la Comunidad de Madrid, con un total de 25.227.100 animales sacrificados e inspeccionados.

También se efectuaron inspecciones en el ámbito taurino (512) con controles a 4.584 reses procedentes de lidia, según la normativa concerniente a la comercialización de estos animales procedentes de espectáculos taurinos. A este tipo de inspecciones se añaden las 352 realizadas para verificar la calidad de los alimentos y evitar así los fraudes alimentarios, con un volumen de producto muestreado de 668.557 kilos y 152.905 litros.

Este tipo de intervenciones motivaron 37 propuestas de sanción por una cuantía de 395.764 euros y la destrucción de más de 20.000 kilos de productos y 2.572 litros de bebidas por fraude.

Rivero señaló que la Consejería de Sanidad y Consumo está elaborando un mapa de las instalaciones y espacios comunitarios y ambientales, que por sus características puedan constituir un riesgo para la salud de la población, con objeto de prevenir y formular dispositivos ante posibles daños, así como actuar con la máxima celeridad en caso de alerta sanitaria.