En rueda de prensa, la secretaria general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN), Margarita Alfonsel, expresó la especial preocupación del sector por la morosidad en Andalcía, que debe 460 millones de euros y paga con un retraso de 468 días, y en Valencia, que adeuda 315 millones de euros, con un retraso en el pago de 485 días.

También expusieron la situación del Servicio Canario de Salud, ya que, aunque ha mejorado "sensiblemente", su morosidad continua siendo preocupante y estable en torno a los 70 millones de euros y con un retraso medio de 260 días.

Margarita Alfonsel también comentó el caso especial del Insalud, ahora reconvertido en Ingesa, que acumula una duda impagada de 100 millones de euros con una antigüedad media de 485 días y que argumenta que no cuenta con la tesorería necesaria para hacer frente a las obligaciones adquiridas hasta el 31 de diciembre de 2001, momento en que se produjeron las transferencias.

De momento, las 10 CCAA que recibieron la gestión de los servicios sanitarios están pagando en periodos razonables y se están manteniendo contactos institucionales para evitar problemas futuros.

RECLAMACION DE INTERESES

Desde el año 199, FENIN respalda a sus empresas en los procesos de reclamación de intereses legales a las Administraciones Públicas sobre los pagos ya efectuados, pero que se hicieron en tiempo excesivo (más de 120 días de demora).

Hasta el año pasado, los proveedores han interpuesto un total de 2.009 reclamaciones judiciales, en las que se pedían casi 295 millones de euros, de los que 228 millones han sido reconocidos en sentencias firmes y 213 ya han sido abonados.

La secretaria general de esta organización relama a los servicios regionales de salud la aprobación de un plan de saneamiento en cada comunidad para solucionar el incumplimiento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Tampoco creen que el anteproyecto de Ley que traspone la directiva 2000/35/CE de lucha contra la morosidad arregle la situación, ya que no determina con claridad las cláusulas abusivas, ni incluye el artículo 5 de la directiva sobre procedimientos de cobro de créditos no impugnados.