El asunto continúa en manos de los serviios jurídicos del ministerio, que se inclinan por presentar una reclamación extrajudicial, figura jurídica que permite realizar una reclamación económica a la empresa, sin cerrar el camino a una posible demanda posterior.

Desde el ministerio se considera que en este caso la empresa produjo un perjuicio directo al Sistema Nacional de Salud y éste debe ser resarcido.

Sanidad seguirá adelante, a pesar de que la titular del juzgado de instrucción número 7 de Valencia decretara ayer el sobreseimientoarchivo del proceso abierto tras la muerte de 6 pacientes renales, en agosto de 2001, que recibieron tratamiento con los dializadores de Baxter en la Clínica Virgen del Consuelo de Valencia.

La juez entiende que no existen indicios de infracción penal en este caso, del que se retiraron en noviembre de 2001 los familiares y la asociación ALCER, al llegar a un acuerdo económico con las familias de los 10 fallecidos, a las que indemnizó con 330.000 euros.