Montoro hizo estas declaracones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que en su reunión de hoy aprobó los decretos de traspaso de la Sanidad a las comunidades de Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid y Murcia.

Estas diez comunidades autónomas pasarán a gestionar cerca de dos billones de pesetas en 2002, casi 140.000 puestos de trabajo, 82 hospitales públicos, 1.087 centros de salud y más de 35.000 camas hospitalarias.

Montoro indicó, en lusión al montante global de las transferencias sanitarias, que inevitablemente siempre se produce un "baile de cifras" en estos casos para demostrar que todos ganan; y dijo que la forma más sencilla de demostrar esto último es "el hecho de que todos han firmado el acuerdo".

El ministro aseguró que una desviación de cifras sobre lo previsto de cientos de miles de millones de pesetas sería "infinanciable". Por ello, recalcó que la transferencia de la Sanidad a estas comunidades autónomas se ha hecho deacuerdo con la previsión del modelo de financiación autonómica y con el coste previsto por el Gobierno, "y lo demás son cálculos delibérrimos".

Según Montoro, lo importante es que la transferencia de la Sanidad ha sido aceptada por gobiernos de distintos signo político. En este sentido, valoró la "madurez" de los gobiernos autonómicos y agradeció su disposición, con independencia del cariz político, para aceptar "esta oportunidad política para construir en España decisivamente el Estado de las Autonomas".

"MONUMENTO A LA INCOHERENCIA"

Por su parte, el ministro Portavoz, Pío Cabanillas, hizo una recapitulación de la postura del PSOE en relación con la financiación autonómica y el traspaso de la Sanidad, y dijo que su forma de actuar ha supuesto "un auténtico monumento a la incoherencia política".

Cabanillas recordó que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de julio las autonomías del PSOE votaron a favor del nuevo modelo de financiación autonómica, en la votación del dictamen del proecto de ley ante la Comisión de Economía del Congreso el Grupo Socialista votó en contra y en el pleno se abstuvo, y después en el pleno que votó las enmiendas introducidas en el Senado el PSOE no votó.

"Tenemos un voto a favor, abstención, en contra y no voto; y, por si esto fuera poco, ahora que ya tenemos el acuerdo que han apoyado las comunidades autónomas, se anuncia un recurso de inconstitucionalidad por parte del PSOE a este modelo", manifestó Cabanillas.

ESPAÑA DE LAS AUTONOMIAS

Montorodestacó que con estos decretos de traspaso de la Sanidad se completa el Estado de las Autonomías en nuestro país y se culmina un proceso de transferencias que, además, se inscribe en un nuevo sistema de financiación autonómica "renovado" y "estable". Añadió que a este Estado de las Autonomías sólo le queda "asentarse, estabilizarse y consolidarse".

"Es un paso importante en la articulación de la España de las autonomías y de la vertebración política de nuestro país, que es uno de los países política yadministrativamente más descentralizado del mundo desarrollado", afirmó Montoro, al tiempo que aseguró que con este traspaso "hoy España es más plenamente autonómica y las autonomías hoy conforman más plenamente España".

Según Montoro, estas transferencias sanitarias permitirán que la Administración más cercana al ciudadano sea la que provea al ciudadano los servicios públicos más básicos. Además, añadió que ahora el ciudadano podrá identificar cuál es la Administración competente a la hora de calibra y evaluar la calidad de un servicio público.

El ministro destacó que el Estado de las Autonomías combina la descentralización con la solidaridad interterritorial y entre los ciudadanos, y aseguró que ningún español carecerá de las garantías necesarias suficientes en cuanto a prestación de servicios públicos que son fundamentales para su bienestar.

Montoro aprovechó para destacar que durante los gobiernos del PP ha habido una descentralización administrativa intensa, como demuestra el hecho de qu las autonomías han pasado de gestionar el 20,6% del PIB en 1996 al 40% en 2002. Igualmente, en ese período la cifra de empleados públicos al servicio de las administraciones autonómicas ha aumentado de 637.000 a 1.072.000, mientras los de las administraciones públicas estatales han bajado de 900.000 a 613.000.