Asimismo, otorga a los rectores de estas Confederaciones Hidrográficas otras facultades extraordinarias, como, por ejemplo, la posibilidad de modificar las condiciones de utilización del dominio público hidraúlico, reducciones del suministro de agua y modificación de los criterios de prioridad para la asignación de los distintos usos hídricos.

Además, podrán adoptar el régimen de explotación de los aprovechamientos hidroeléctricos a las necesidades y exigir a los usuarios la instalación inmediata de dispositivos de control y medición del consumo del agua.

También se habilita a los presidentes de las Confederaciones Hidrográficas para que realicen aquellas actuaciones de control o de medidas de caudales y de evolución de acuíferos que sean necesarias para una mejor distribución del agua, así como para ejecutar obras de captación, transporte o adecuación de infraestructuras.

Por último, el Real Decreto autoriza a los presidentes de las Confederaciones Hidrográficas anteriormente mencionadas a la puesta en marcha de cualquier sondeo que permita la aportación de nuevos recursos.

Estas medidas especiales prescribirán el 31 de diciembre de 2006.