Así lo indicó Sánchez durante su intervención, que fue telemática por haber dado positivo en covid-19, en el acto de presentación del ‘Año de Investigación Santiago Ramón y Cajal’, donde recordó que el Gobierno ya trasladó ayer esta condena al Ejecutivo iraní y que incluye el rechazo a la “violencia ejercida contra manifestantes pacíficos”.

A su vez, abogó por la defensa de la libertad de expresión y del derecho de manifestación. España, continuó, es un país “feminista”, así como también lo es su política exterior, y “abanderado” de las políticas en favor de la igualdad y “en contra de la violencia de género”, “también en nuestra política exterior”.

Mediante el comunicado emitido anoche por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, el Gobierno expresó su “firme condena” por la violencia ejercida contra manifestantes “pacíficos” en diferentes puntos de la República Islámica de Irán y exigió a las autoridades del país que “se respete y garantice plenamente el derecho de todos” sus ciudadanos a “expresarse y manifestarse libre y pacíficamente”.

También reiteró en el mismo su “firme compromiso” con la defensa de los derechos humanos, y en particular con los derechos de las mujeres, que han de ser “respetados en cualquier circunstancia y de acuerdo con los instrumentos internacionales de vigencia universal”, así como su “condena y repulsa de la violencia ejercida contra las mujeres iraníes y sus derechos”.

Además, trasladó sus condolencias por la pérdida de vidas humanas y deseó una pronta recuperación a las personas heridas en estas manifestaciones, que se han originado a raíz de la muerte de la ciudadana iraní Mahsa Amini. Al respecto, pidió una investigación independiente a las autoridades de Irán y que se depuren responsabilidades de manera transparente, objetiva y completa.

Finalmente, hizo un llamamiento a las autoridades de Irán para que se levanten “de manera inmediata” todas las restricciones a las comunicaciones y que se ponga fin a las detenciones arbitrarias y a cualquier otra medida o restricción contra manifestantes pacíficos, periodistas y otros ciudadanos que ejercen sus libertades cívicas.