Sánchez, en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, se centró en repasar las medidas del Gobierno para la “mayoría social” de España y cómo con sus iniciativas se está haciendo frente a las consecuencias de la crisis energética y social. Defendió que toman medidas “para los 47 millones de españoles que han visto como, gracias a las medidas de este Gobierno se ha rebajado el IPC con medidas” que el Partido Popular vota “en contra sistemáticamente”, afeó el presidente.

Lo hizo después de que la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, asegurase a Sánchez que pasará a la historia por ser el presidente “que rebajó las penas a los delincuentes sociales”. Y le preguntó cuántas condenas deben producirse para que “rectifiquen” la ley y se cese a la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Gamarra reprochó a Sánchez que, pese a su pregunta, no haya dicho “ni una sola palabra para las mujeres víctimas de violencia sexual que ven como sus penas se están viendo reducidas por una ley que lleva su firma”.

La portavoz popular le dijo que el que preside no es un “gobierno de coalición, sino una coalición de intereses particulares en los que el único beneficiario” es Sánchez. Y pasó Gamarra a enumerar cargos nombrados por este Gobierno y su relación con el presidente siendo los últimos los dos designados por el Consejo de Ministros para el Tribunal Constitucional: un exministro y una ex alto cargo de La Moncloa.

Gamarraafeó a Sánchez los nombramientos de Juan Carlos Campo y Laura Díez para el Constitucional y lo situó como otra de las acciones por las que el presidente pasará a la historia al nombrarse “a sí mismo magistrado del Tribunal Constituticonal”.

Pero Sánchez respondió que al Gobierno le “corresponde” hacer ese nombramiento y defender la “idoneidad” de esas personas, y que lo que “no es democrático y constitucional es bloquear la renovación del CGPJ y del TC” como, aseguró, hace el Partido Popular.

La también secretaria general del Partido Popular declaró que Sánchez pasará a la historia por ser el que “otorgó impunidad” a los que habían “atacado el propio Estado” a los que no solo los indultó, sin que también ha reformado la ley para “borrar” sus delitos, en referencia a la modificación del Código Penal sobre el delito de sedición.

Tras las acusaciones de Gamarra, Sánchez se limitó a defender que gobiernan para la mayoría social y trabajadora del país y que acaban de aprobar los Presupuestos Generales del Estado que conllevan la “mayor inversión social”, pese a la oposición del Partido Popular que vota “en contra” también de los impuestos a la banca, energéticas y a los altos patrimonios.