Así lo dijo el máximo responsable del Ejecutivo español en su comparecencia para hacer balance de este año y para anunciar detalles del sexto paquete de medidas para hacer frente al repunte de la inflación, en el que se incluye la supresión del IVA en todos los productos de primera necesidad y una rebaja del 10 al 5% para pastas y aceite.

Sánchez fue preguntado ante las diferencias entre los agentes sociales respecto a la propuesta gubernamental de ampliar el periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años, descartando los dos peores, así como un destope de las bases máximas de cotización y de la pensión más elevada, aunque esta última por debajo del aumento de las cotizaciones.

“Estamos dialogando con los agentes sociales, también con los grupos parlamentarios” para lograr un acuerdo, según dijo Sánchez, y “si hubiera algún retraso no hay ningún problema porque hay precedentes en cuanto a lo que es el cobro de esos fondos europeos”.

En este sentido, recordó que ya sucedió con el nuevo sistema de cotización de los autónomos, cuyo pacto se retrasó y “no significó el freno al desembolso” de los fondos. Esta reforma se aprobó el 26 de julio de este año cuando el compromiso con Bruselas era el 30 de junio. Así, Sánchez pidió “tranquilidad” al respecto.

El Gobierno trasladó a la Unión Europea, en el marco de los compromisos adquiridos para la recepción de fondos europeos que la segunda pata de la reforma de pensiones estaría aprobada antes de que acabara 2022.

Incluso a comienzos de diciembre el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, mantenía que era posible el acuerdo y que las discrepancias expresadas por los agentes sociales son el “clima” habitual en este tipo de negociaciones.

No obstante, conforme el plazo se iba agotando, fuentes gubernamentales fueron quitando gravedad a que finalmente la reforma de pensiones se apruebe algunas semanas después en aras a intentar lograr un pacto y desde los propios agentes sociales se asumió la dificultad de cerrar un pacto en este año.

España pidió a Bruselas el pasado mes el tercer desembolso de fondos europeos, por importe de 6.000 millones de euros, que está pendiente de recibir luz verde por la Comisión Europea y que se espera que sea a principios de febrero.