Así lo aclaró en su comparecencia, solicitada por varios grupos parlamentarios, por el ‘caso Pegasus’, en la que insistió que el Gobierno actúa con “transparencia” y de ahí las “líneas de actuación” puestas en marcha tras conocerse este caso.

Si bien, apuntó que “el Gobierno marca las prioridades en materia de riesgos para la Seguridad Nacional, en su Directiva de Inteligencia” pero que “ni conoce ni decide sobre las decisiones operativas de los Servicios de Inteligencia”.

“Eso ha podido pasar en otro tiempo y con otro Gobierno, pero jamás ha pasado con este Gobierno, desde que soy presidente, y les garantizó que no pasará. Porque esa es la esencia de la democracia y de la limitación del poder Ejecutivo y de su sometimiento a la más estricta legalidad”, aseveró.

No obstante, recordó que era “evidente” que, de 2015 a principios de 2020, con la Declaración Unilateral de Independencia del Parlament de Cataluña en 2017, y los sabotajes provocados en muchos puntos de Cataluña, o los incendios en Barcelona, tras la Sentencia del Tribunal Supremo a los líderes del ‘procés’ en el año 2019, “la crisis fue fuente de enorme preocupación para la seguridad nacional”.

“De ahí que, en el marco de la Directiva de Inteligencia, los servicios que se ocupaban de la misma propusieran y el juez acordara las medidas oportunas”, justificando así las escuchas a algunos dirigente independentistas como mostró la exdirectora del CNI ante la conocida como comisión de secretos oficiales en el Congreso.

DUDAS

El presidente no quiso entrar en “cuestionar las legítimas dudas sobre la metodología del informe de Citizen Lab” que dieron a conocer este caso, y apuntó que “debatimos deducciones e inferencias de una investigación académica y en ningún caso hechos probados”.

Así, puntualizó que el CNI solicitó al magistrado del Tribunal Supremo competente la autorización para proceder a la intervención (acotada en el tiempo) de las comunicaciones de 18 de las personas aludidas en la publicación de Citizen Lab. No 65 sino 18, hechos “indiscutibles”, según el informe del Defensor del Pueblo.

Por ello, concluyó que “la gran mayoría de los móviles infectados que recoge el informe de Citizen Lab lo han sido por actores desconocidos completamente ajenos a la administración española”.

Además, Sánchez aludió, pero sin entrar “a valorar las relaciones comprometidas de determinados líderes independentistas catalanes con dirigentes de otros países, que ahora sabemos a ciencia cierta que perseguían la desestabilización de las democracias europeas y la propagación de noticias falsas para confundir a la opinión pública de nuestros países”, en clara referencia a los contactos del entorno del expresidente catalán Carles Puigdemont con el Gobierno ruso.