En una entrevista en laSexta recogida por Servimedia, Sánchez anunció que el objetivo es "reemplazar" ese delito por otro de "desórdenes públicos agravados", algo "más o menos homologable" a las democracias del entorno, entre las que citó las de Alemania, Francia, Italia, Bélgica o Suiza, a las que "nos queremos parecer".

Negó que sea una exigencia de ERC y subrayó que él lo reivindica "desde siempre", y recordó que los independentistas no quieren una reforma del Código Penal sino la "amnistía" para los condenados por el 'procés'.

Preguntado por las consecuencias de esta reforma legal para el expresidente de la Generalitat de Cataluña huido de la Justicia, Carles Puigdemont, Sánchez aseguró que "tendrá que rendir cuentas" porque, porque los delitos que cometió "continúan estando presentes" en el Código Penal aunque "no como delito de sedición" sino como "desórdenes públicos agravados".

Ahora mismo, el PSOE tiene cupo para presentar iniciativas legislativas en el Congreso, por lo que la próxima semana podría ser calificada por la Mesa y ser elevada al debate en el Pleno la semana siguiente. La reforma del Código Penal se sometería al debate de toma en consideración y, en caso de superar ese primer paso, seguiría la tramitación en Comisión con la fase de ponencia, para después volver al Pleno y, una vez aprobada, ir al Senado. Según cálculos parlamentarios, para marzo podría estar en vigor, siempre dependiendo de de las prisas políticas durante la tramitación, ya que esta reforma, al ser una ley orgánica, requiere mayoría absoluta para su aprobación.

Sánchez hizo este anuncio después de desvelar que él hubiese aplicado el artículo 155 de la Constitución en Cataluña antes de cuando lo hizo el Gobierno de Mariano Rajoy, en concreto, el "mismo día" que se aprobaron las conocidas como 'leyes de desconexión'.

En varios momentos, el presidente reivindicó que España y Cataluña están hoy "infinitamente mejor" que en 2017 y que para él, igual que para los españoles, según el último barómetro del CIS, representa el puesto 41 en el ranking de problemas. Además, resaltó que, según el Centre d'Estudis d'Opinió -el conocido como CIS catalán- el 52% de los catalanes quiere seguir en España y rechaza la independencia.

CRÍTICAS DEL PP

El presidente dio por descontadas las críticas del Partido Popular a esta reforma y defendió que se trata de un "problema" que él no ha creado sino que le vino "heredado" del anterior "inquilino" de la Moncloa, en referencia a Mariano Rajoy, y subrayó el apoyo que le brindó desde la oposición pese a que apoyar la aplicación del artículo 155 de la Constitución supuso un "desgarro" para el PSOE.

Pero Sánchez aprovechó para denunciar que el PP que lidera Alberto Núñez Feijóo se ha visto contagiado por el "virus del bolsonarismo" que ya "circula" por España, y es "muy peligroso" porque esos mensajes "generan odio" y "envenenan la convivencia en nuestro país".

Tras ver las últimas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó que "se han dicho cosas gravísimas" y sostuvo que la política española tiene que "reivindicar su utilidad ante un momento tan complejo como el que estamos viviendo". "No se puede insultar, deslegitimar a un Gobierno", alertó, y demandó que "la política española tiene que estar muy por encima de estos debates".

REFORMA DEL CGPJ

En este contexto, el presidente lamentó la falta de acuerdo con el Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras casi cuatro años de mandato caducado, y criticó la "conducta antidemocrática" de la formación de Feijóo, que "no merece solo reproche de los grupos políticos sino del conjunto de la sociedad", expresó. Así las cosas, aseguró que no va a impulsar un cambio de la mayoría parlamentaria que requiere la renovación del CGPJ -como en su día llegó a defender y de hecho, presentaron PSOE y UP en el Congreso y luego retiraron- porque eso "no soluciona nada".

Dentro de sus críticas al PP, Sánchez recordó de nuevo el pasado político de Luis de Guindos, ex ministro de Economía y hoy vicepresidente del Banco Central Europeo, y añadió que cuando escucha a Feijóo criticar el nivel “abultado” de la deuda pública recuerda que se debe a los avales ICO a las empresas, los ERTE, las ayudas a los autónomos, y a que hubo que “asumir 35.000 millones de la Sareb, el ‘banco malo’ que fue el que creó De Guindo para hacerse con los activos tóxicos de los bancos” en agosto de 2012.