La proposición de ley aboga, de esta manera, por la modificación del apartado 4 del artículo 143 del Código Penal, para que quede "exento de pena quien, mediante actos necesarios o de cooperación activa, permitiere, propiciare o facilitare la muerte digna y sin dolor de otra persona".

IC y PDNI pretenden que se defina claramente la posición del paciente para "evitar ciertos riesgos", como que la muerte no haya sido elegida libremente por la persona, o que su situación no sea irrevrsible.

Para ello, quieren que el Código Penal evite la pena a la persona que ayude o colabore en la muerte de otra, "a petición expresa, libre e inequívoca de ésta, en caso de que sufriera enfermedad grave que hubiera conducido necesariamente a su muerte o le produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, o que, siendo permanente, le incapacitara para valerse por sí misma".

DERECHO A DECIDIR

Además, la iniciativa legislativa quiere la modificación de la ley General de la Snidad, para introducir el derecho del paciente a dedicir, previamente informado del tratamiento médico que se le vaya a aplicar. Así, la decisión de "no ser tratado médicamente le corresponde al paciente, cuando actualmente los médicos siempre apuestan por la medicación".

En casos de carencia de la consciencia, se establece el derecho de sus familiares a la decisión de la interrupción de la vida del afectado.

El diputado de IC Joan Saura afirmó, durante la presentación de la proposición de ley, qe la vida "no es un deber, sino un derecho y que debe ser rechazada una ficticia confrontación entre vida y libertad".

Para Cristina Almeida, del PDNI, Ramón Sampedro "desde su muerte nos ha lanzado a todos un reto" y la vida "es un derecho, y si se puede disfrutar de ella, está bien, pero si no se puede, es un derecho elegir la muerte".