El precio de salida es de 1 peseta, a diferencia de la primera ocasión, cuando el valor de arranque se estableció en más de 2.000 millones de pesetas por el total de 43 parcelas o fincas sometidas a la subasta pública, que ocupan una superficie de cerca de 200.000 metros cuadrados. La subasta tendrá lugar en el juzgado de primera instancia número 11 de Palma.

El CH reclamaba a IGS -sociedad que dirigía Carlos Sotos, hoy en prisión- 411 millones. A esa cantidad hay que sumar la correspondiente a los intereses añadidos desde que IGS hiciera valer el préstamo solicitado al BCH, así como las costas judiciales, por lo que cifra podría superar los 450 millones de pesetas. Al no haber cobrado esta cantidad de IGS, el BCH ejecutó el embargo de los terrenos.

IGS realizó la inversión económica en un proyecto en el que participaban el Ayuntamiento de Calviá y que preveí la creación de una marina artificial, varios hoteles y un campo de golf.

Desde el principio, los interventores de la operación han estimado que, con la venta de los terrenos, se pueden obtener en favor del BCH hasta 1.500 millones de pesetas, la cantidad con que arrancó la segunda convocatoria de subasta, que el pasado 26 de mayo volvió a quedar desierta.