En un auto, los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal revocan así la decisión del magistrado Manuel García Castellón del pasado 4 de enero en la que le denegó la práctica de estas diligencias, dentro de la pieza que investiga los encargos de la entidad bancaria al comisario jubilado José Manuel Villarejo.

La Sala señala que estando la causa abierta y en trámite de instrucción, aún no finalizada, no puede considerarse que de accederse a esta petición ampliatoria de la parte apelante se pudiera generar una dilación indebida del procedimiento que vulnere los derechos constitucionales de las partes.

Respecto al acceso a la entrega de copia digitalizada de los correos, los jueces ordenan que se le dé copia digitalizada de los correos y agendas cuyos originales se hallen a disposición del juzgado, con las medidas de seguridad que este órgano judicial estima oportunas.

El expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN) Antonio Béjar trata de demostrar que actuó siempre siguiendo instrucciones del BBVA en relación a estas contrataciones. Tras su petición, la Fiscalía Anticorrupción se pronunció a favor de que el instructor pidiera a la entidad financiera que preside Carlos Torres los correos electrónicos que este exdirectivo se habría cruzado con una decena de ex altos cargos del banco, algunos de ellos imputados en la novena pieza separada del ‘caso Tándem’.

Entre los directivos que figuran en esa lista estaría el exconsejero delegado del BBVA Ángel Cano, que es uno de los imputados, y otras personas que no han sido incluidas en la investigación, tales como el actual presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, o el consejero delegado de Bankia, José Sevilla.

Béjar presentó el recurso después de que la Sala de lo Penal le autorizara a revisar en sede judicial los más de 110.000 archivos de la causa y se percatara de que no había aportado numerosos correos electrónicos intercambiados con una decena de ex altos cargos del banco.

Previamente, el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que instruye esta macrocausa, le negó esa misma petición por entender que no había “justificación suficiente” para incorporar nuevos correos electrónicos a la investigación.