Sainz Moreno, autor también de la primera querella contra Sogecable, alega en su escrito ante las autoridades tributarias que Banesto realizó en connivencia con el Fondo de Garantía de Depósitos una operación de compra-venta de activos del banco, para evitar que se computara como subvención los 285.000 millones de pesetas que el FGD aportó a la entidad.

Esta operación, según explicó Sainz Moreno a Servimedia, consistió en a venta por Banesto al Fondo de "activos dañados" por valor de 482.000 millones de pesetas, y en el mismo acto, el Fondo los revendió a la entidad al precio de 197.000 millones. La diferencia resultante fueron los 285.000 millones que Banesto recibió del FGD, sin necesidad de computarlos como una subvención, sujeta a tributación en Hacienda.

Como pruebas con las que el abogado busca apoyar su denuncia figura la propia escritura ante el notario de Madrid Antonio Pérez Sanz, realizada el 10 de mayo de 194, en la que Sainz Moreno dice que se pretende aparentar una negociación que no existió, además de las memorias de Banesto correspondientes a 1993 y 1994 y una circular del Banco de España.

Toda esta documentación, según Sainz Moreno, es suficiente para demostrar que los 285.000 millones de pesetas aportados por el Fondo a Banesto eran una subvención, porque además el FGD es una entidad de derecho público, y que la ley del Impuesto de Sociedades señala como "ingresos computables" este tipo de aportacones, "cualquiera que sea su clase".

Los cálculos realizados por el denunciante indican que los 285.000 millones de pesetas que recibió Banesto del FGD debían haber tributado al 35%, lo que implica el pago a Hacienda de unos 100.000 millones de pesetas.

Dada la situación de pérdidas del banco, la incorporación de la supuesta subvención a los ingresos computables para el Impuesto de Sociedades hubiera arrojado una cuota a pagar de 37.500 millones de pesetas, en lugar del saldo negativo de 40.700 mllones que el banco reflejó en su declaración del año 1994.

Sainz Moreno indicó a esta agencia que, si prospera su demanda, la cantidad a pagar por el banco podría ser de unos 100.000 millones de pesetas -56.250 millones de sanción y 37.500 de cuota pendiente-, en el supuesto de aplicar el tipo del 150% por infracción tributaria.

Sin embargo, señaló, si se llega a aplicar el séxtuplo de la cantidad que se ha dejado de ingresar, la sanción podría ascender a 225.000 millones de pesetas, más la cuot pendiente de liquidación, es decir, unos 260.000 millones.