El tribunal tampoco accede a que testifiquen Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Landelino Lavilla, Félix Pons, Luis Ramallo, Ramón Tamames, Nicolás Sartorius, Carlos Solchaga, Alfonso Guerra, José Barrionuevo y Rafael Vera, entre otros. A juicio de la sala, todos estos testigos fueron propuestos por Ruiz-Mateos, como los anteriores, "por el conocimiento que podrían tener del holding Rumasa antes de la expropiación o de actuaciones relacionadas con la expropiación, y no por suconocimiento de los hechos objeto de enjuiciamento".

El tribunal rechaza la comparecencia como testigos en el juicio, a propuesta del fiscal, de José María López de Letona, Enrique Fuentes Quintana y Mariano Rubio, ex gobernador del Banco de España, porque considera que no guardan relación con los hechos delictivos objeto de la acusación.

Además, señala que tampoco procede citar a los actuales propietarios de las compañías reprivatizadas o a los adjudicatarios en primera instancia de las mismas "uesto que han sido propuestos como conocedores de la situación pre y post expropiatoria de Rumasa y no por serlo de los hechos enjuiciados".

A pesar de estas exclusiones, alrededor de 120 testigos comparecerán en el juicio y otros 4 ex directivos de Rumasa. La vista oral, que se iniciará el día 25 de noviembre y continuará todos los lunes hasta su terminación, podría concluir cerca de la primavera de 1997, según dijeron a Servimedia fuentes judiciales.

El vista contra Ruiz-Mateos, para quien el fscal solicitará un total de 12 años de cárcel y 500.000 pesetas de multa, ya había sido fijada por primera vez para el día 31 de marzo de 1989, pero fue suspendida ante la renuncia del empresario a su abogado, Marcos García-Montes.

ABOGADO OBLIGATORIO

Pese a que se le nombró un abogado de oficio, la vista no pudo ser señalada de nuevo por la Audiencia Nacional, dado que Ruiz-Mateos fue elegido eurodiputado en las elecciones de ese año. Se inhibió a favor del Tribunal Supremo, que tampoco celebró el uicio contra el empresario a pesar de que lo había señalado para el 22 de marzo de 1994, al renunciar otro de los procesados a su abogado.

Finalmente, el Alto Tribunal remitió de nuevo las actuaciones en julio de 1994 a la Audiencia Nacional al no salir reelegido Ruiz-Mateos como eurodiputado en las elecciones de junio de ese año, señalándose ahora para el próximo mes de noviembre la vista.

Ante estas vicisitudes, la sala acuerda en su auto nombrar, con carácter cautelar, un abogado de oficio par Ruiz-Mateos "en previsión de posibles renuncias intempestivas del procesado" a su letrado de libre designación, Marcos García-Montes.

Para ello, dirige una comunicación al Colegio de Abogados para que nombre dicho abogado de oficio con el fin de que defienda al empresario en el caso de que renuncie al suyo, poniéndole de manifiesto las actuaciones inmediatamente a su designación para que tome conocimiento de las mismas.

Además de Ruiz-Mateos, también serán juzgados otros cuatro ex directivos de umasa, José Díez Hidalgo, Luis Romero Agarrado, Manuel Sánchez Marín y Carlos Quintas Alvarez, para quienes el fiscal pide penas que oscilan entre los 5 y los 20 años de cárcel y multas que ascienden a 16.000 millones de pesetas por los presuntos delitos de falsedad en documento mercantil y oficial y apropiación indebida.

En su escrito de acusación, el fiscal señala que Ruiz-Mateos, en colaboración directa con Hidalgo, su secretario personal, comenzó en 1978 a impartir las "ordenes necesarias para la lteración mendaz de las partidas de activo" de cada uno de los bancos del holding, con el fin de encubrir los déficits reales que hubieran "mermado su capacidad de captación de depósitos".

NOMBRES DE SOCIEDADES

Indica que, para dar mayor apariencia operativa a esos activos, Ruiz-Mateos fue comunicando en 1982 a Romero Agarrado, entonces director general de la división bancaria de Rumasa, los nombres de las sociedades que debían utilizarse "para aperturar las cuentas en las que se asentarían las operciones correspondientes a los créditos imaginarios concedidos". Un total de 17 cuentas.

Precisa que todas esas cuentas supusieron la creación de créditos ficticios por valor total de 1.766.600.000 y añade que tras la expropiación de Rumasa, el 23 de febrero de 1983, los procesados sustituyeron los titulares de esas cuentas por otros correspondientes a sociedades del grupo. El objetivo era "ocultar a los nuevos administradores las relatadas manipulaciones contables" que, según el fiscal, ocasionaron pédidas a los bancos por 4.000 millones.

El representante del Ministerio Público también acusa a Ruiz-Mateos, a Díaz Hidalgo y a Sánchez Marín de incrementar los activos reales del grupo por un total de 345.751.000.000 pesetas mediante la revalorización de sus participaciones y el incremento de las plusvalías a través de meros apuntes contables "sin que esta mendaz actividad se sustentara documentalmente en ningún incremento real del patrimonio".

Asímismo, entre otras operaciones, les achaca haber anipulado la liquidación de las cargas fiscales del grupo consignando como retenidas por el IRPF cantidades menores de las reales. De esta forma ingresaron presuntamente 11.900 millones de pesetas hasta finales de 1982. Se les acusa también de pagar deudas tributarias falsificando firmas y sellos de entidades bancarias.

La falsedad en documento es el único delito por el que puede ser juzgado Ruiz-Mateos ya que fue esa la condición impuesta por las autoridades judiciales alemanas cuando concedieron su xtradición a España en 1985.