Los procesados son Jan Carlos Subijana Izquierdo, Zigor Bravo Sáez de Urabain, José Ramón Acedo Espina, Enrique Celestino Uriarte Alonso, Joseba Gorosarri Ramos, Jon Echevarría Oyarbide, Unai Romano Igartua, Juan Antonio Cortés de Luis, Daniel Gutiérrez Pérez, Raúl Vallinas Aduna, Aitor Durán Ruiz de Eguino, Iván Sáez de Jáuregui Ortigosa, Sendoa Domínguez Moreno, Jokin Cerain Alvarado, Susana Achaerandio Alesanco y José Manuel Cortázar Pipaón.

Trece de ellos se encuentra en libertad provisional, mientras que Daniel Gutirrez Pérez y Zigor Bravo Saez de Urabain permanecen en prisión preventiva. Por su parte, José Manuel Cortázar Pipaón, se encuentra en paradero desconocido, por lo que el juez ha dictado una orden de busca y captura contra él.

El auto de procesamiento afirma que Juan Carlos Subijana, alias "Txampi" y "Kepa", José Ramón Acedo y Zigor Bravo integraban uno de los denominados "comandos de información" y facilitaron datos a ETA para la realización de atentados.

Según el juez, el propio Subijana captó pra la banda terrorista a cinco de los procesados, además de recibir información acerca de los funcionarios del centro penitenciario de Nanclares de la Oca (Alava) por parte de Enrique Celestino Uriarte, cuando éste se encontraba preso en dicha cárcel.

Joseba Gorosarri y Juan Antonio Cortés de Luis integraban otro "comando de información" de ETA. El segundo de ellos era su responsable y recibió en Francia cursos sobre manejo de armas y explosivos como ex componente del "comando Basurde".

A José Mauel Cortázar le achaca haber realizado labores de intermediación al servicio de la organización terrorista y la captación de personas para su integración en la banda.

Finalmente, acusa a Echevarría, Romano, Gutiérrez, Vallinas, Durán, Domínguez, Sáez de Jáuregui y Cerain, de haber participado en numerosos actos de violencia callejera, así como de haber realizado contactos con la dirección de la banda terrorista en Francia y de haber captado a personas para su integración en ETA.

El juez de la Audencia Nacional ha impuesto fianzas de 60.000 euros que los procesados tendrán que hacer efectivas en el periodo de un mes.