García-Castellón fue informado hoy por el fiscal suizo Laurent Kasper-Ansermet acerca de la existencia en su país de cuentas bancarias con miles de millones de pesetas a nombre del ex ministro de Economía Miguel Boyer y del ex gobernador del Banco de España Mariano Rubio.

A sus 41 años -13 de ellos en la carrera judicial- el magistrado vallisoletano podrá incorporar este importante caso a su ya amplio currículum, en el que figuran la instrucción del caso de las violacions de las niñas de Valladolid Olga Sangrador y Leticia Lebrato.

En noviembre de 1992 el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le nombró uno de los cuatro asesores judiciales del Gobierno español para el Grupo de Trevi, encargado de perseguir la delincuencia internacional y las mafias de la droga que operan en los doce países europeos.

Antes de que Garzón volviera a relevarle al frente del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, tras su desgraciado paso por la política, García-Castllón tenía abierto el espectacular caso de la "Operación Pelícano".

En esta operación, la Guardia Civil desarticuló una banda organizada dedicada al tráfico de hachís y detuvo a más de treinta personas en la Línea de la Concepción (Cádiz), Sevilla, Valencia, Maliaño (Cantabria), San Roque (Cádiz), Murcia, Málaga, Almería, Castellón y Manresa (Barcelona).

García-Castellón es tesorero de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), considerada como conservadora, y que representa a la mayoríade los jueces españoles.

El magistrado vallisoletano, que siempre se ha mostrado confiado en la independencia de los jueces españoles, aseguró poco después de sustituir a Garzón que nunca ha recibido presiones y que tampoco las consentiría.