RUBALCABA QUIERE CERRAR EL LUNES CON EL PP TODAS LAS VACANTES CONSTITUCIONALES A EXCEPCION DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

- "No e levantaré de la reunión hasta que alcancemos un acuerdo definitivo", advierte el ministro

- Arremete contra Aznar por sus críticas al pacto presupuestario PSOE-CiU y le reta a que demuestre si ha habido trato de favor para alguna comunidad

MADRID
SERVIMEDIA

El ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, convocará el próximo lunes una reunión con el Partido Popular, con el fin de desbloquear definitivamente la provisión de vacantes en los consejos del Poder Jdicial, Radiotelevisión Española, Universidades y Seguridad Nuclear, las cuatro instituciones en las que socialistas y populares tienen prácticamente alcanzado un consenso.

"Convocaré una reunión", precisó el ministro, "de la que pretendo no levantarme, y ojalá encuentre la misma voluntad en el Partido Popular, hasta que alcancemos un acuerdo definitivo, con nombres incluidos".

Tras expresar su confianza en que de la reunión del lunes salga un acuerdo satisfactorio, Pérez Rubalcaba anunció que poteriormente mantendrá contactos con el resto de grupos políticos, ya que la voluntad del Gobierno es la de llegar a un entendimiento con todo el arco parlamentario.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de la Presidencia se mostró partidario de "aparcar" las dificultades de negociación sobre el futuro Defensor del Pueblo, para cubrir las vacantes del resto de órganos constitucionales en los que sí hay acuerdo.

Pérez Rubalcaba insistió en sus críticas al PP por romperunilateralmente las conversaciones al proponer la candidatura de José Antonio Martín Pallín, aunque subrayó que la responsabilidad del Ejecutivo es conseguir un acuerdo para que las instituciones funcionen.

RESPALDO PARLAMENTARIO

Por otra parte, el titular de la Presidencia aludió al acuerdo presupuestario entre el PSOE y CiU, del que dijo que contribuye a prolongar una situación en la que el Gobierno, con el apoyo de los nacionalistas catalanes y otros grupos, "viene sacando adelante y sin ninguna ificultad sus políticas".

"Desde esa perspectiva", apostilló, "el Gobierno entiende que cuenta con la mayoría necesaria para seguir trabajando en las direcciones en las que lo venimos haciendo en los últimos meses".

En la conferencia de prensa, a la que también asistió el ministro de Economía, Pedro Solbes, no faltaron tampoco las críticas al presidente del PP, José María Aznar, quien ayer manifestó que el Gobierno ha cerrado los presupuestos después de entregar lo que pedía CiU.

En este senido, Solbes señaló que en toda negociación hay un toma y daca y que él se siente "cómodo" con el cien por cien de las cosas que están incluidas en el presupuesto. "Diría que el 98 por ciento de esas cosas corresponden a la posición original del Gobierno", remachó.

El titular de Economía explicó que las críticas de Aznar son incoherentes, porque el Ejecutivo no ha cedido ante Pujol en materia de presupuestos ni ha elevado injustificadamente el gasto público, como dicen los populares. "Eso demuestra", aadió, "que ni su análisis de la realidad es correcto y, consecuentemente, sus políticas no tienen nada que ver con lo que el país necesita.

"CUANTO PEOR, MEJOR"

Por su parte, Pérez Rubalcaba compartió las palabras del ministro de Economía y recomendó al PP que deje de practicar la política del "cuanto peor, mejor" y la de hacer acusaciones que luego no pueden demostrar.

"Si lo que el señor Aznar quiere decir es que debajo de estos presupuestos hay algún trato de favor para alguna comunidad autóoma, que diga cuál es, que diga dónde está ese trato y, si no, que se calle", aseveró.

Respecto a la postura del CGPJ en relación con la ley del aborto, Pérez Rubalcaba descartó que haya una relación de causa-efecto entre la decisión del Consejo y su propuesta de alcanzar rápidamente un acuerdo con el PP en todos los órganos constitucionales, aparcando la renovación del Defensor del Pueblo.

El ministro reiteró que el Gobierno, para mejorar técnicamente el proyecto de ley, tendrá en cuenta el infome del CGPJ, "aunque otra cosa distinta", aclaró, "son las opiniones personales que sobre la ley hayan tenido a bien expresar cada uno de los consejeros".

Añadió que el Gobierno piensa que la mayoría de los ciudadqnos no quieren que las mujeres vayan a la cárcel por abortar y sí quieren que las administraciones las ayuden a tomar una decisión de esa naturaleza, cuando se ven obligadas a tomarla.

(SERVIMEDIA)
23 Sep 1994
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