IC-V entiende que la designación de este caro debe ser a propuesta de la Cámara Baja. Para garantizar la equidad, Saura defiende que la persona propuesta debe ser aprobada por, al menos, dos tercios de los integrantes del Congreso.

Asimismo, atribuye al Consejo de Administración de RTVE y a la Comisión de Control Parlamentario del Ente Público la valoración previa de los méritos y perfil de los aspirantes.

Una vez superada esta criba, el director general sería entonces nombrado por el Gobierno, para un plazo de cuatro años no renovables. E cese dependería del Congreso de los Diputados en los casos de imposibilidad física para desempeñar el cargo, incompetencia manifiesta o encausamiento en delito.

Según Saura, con esta propuesta se pretende buscar el consenso político en el nombramiento del director general de la cadena, además de dar un mayor protagonismo al Consejo de Administración RTVE.