El magistrado expso hoy estas consideraciones en un auto en el que desestima archivar la causa contra Miquel Soler Sala, apoderado de Grand Peninsula, empresa que promovió el complejo, también inculpado en el caso, por su intervención en operaciones relacionadas con el supuesto uso irregular del aval.

Según el auto, Miquel Soler ingresó los 10.000 millones de pesetas del aval concedido por la Generalitat a Grand Peninsula en una cuenta de Caixa de Tarragona, y el mismo día transfirió 1.000 de estos millones a otra cueta de la misma entidad a nombre de Grand Peninsula.

Estos 1.000 millones garantizaron, durante dos meses, el crédito que por la misma cantidad había concedido Caixa de Tarragona a Grand Tibidabo para pagar a los accionistas.

En la causa consta que Javier de la Rosa informó al consejero de Economía, Macià Alavedra, sobre su petición de un préstamo de 1.000 millones a Caixa de Tarragona y le solicitó su apoyo para que se lo concediesen.

El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, manifestó hy en rueda de prensa, tras conocer el auto del juez Joaquín Aguirre, que ni el Gobierno catalán ni Grand Tibidabo "han perdido un duro" como consecuencia de estas operaciones y se remitió al informe dictado por la Intervención General de la Generalitat, que afirma que a pesar de la inmovilización de los 1.000 millones no hubo uso incorrecto de los mismos porque finalmente se destinaron a la construcción del parque.