A través de un comunicado, Díez explica que su iniciativa pretende conocer las condiciones en las que se ha privatizado el servicio de traductores de la Policía Nacional y la Guardia Civil, tarea de la que se hará cargo la empresa Seprotec.

A este respecto, la líder de UPyD destaca en sus preguntas que, según han hecho público varios medios de comunicación, algunos de los traductores contratados por Seprotec "poseen antecedentes penales".

Por ello, Díez pretende saber "si el Ministerio del Interior ha comprobado de forma fehaciente y, por tanto, documentada, que los traductores contratados por Seprotec son personas honorables".

La parlamentaria pregunta también si se ha comprobado que estos traductores carecen "de antecedentes penales o policiales en España o en sus países de origen, con la formación académica requerida, o la experiencia profesional adquirida, para presumir la fiabilidad y exactitud de sus traducciones al español".

Asimismo, UPyD pregunta si es cierto, como se ha publicado en la prensa, "que se han detectado irregularidades" relacionadas con la empresa adjudicataria del servicio de traducción.