Según informaron a Servimedia uentes próximas a esta persona, cuando Cabrerizo fue a cobrar en 1994 los 45 millones que le fueron concedidos en sentencia judicial, comprobó que la cuenta a la que se giraba el talón no tenía fondos.

Cabrerizo debió esperar más de un mes para acudir de nuevo a las dependencias de Hacienda y cobrar el cheque, en cuya cuenta ya había sido ingresado el dinero para hacer frente al pago.

El fiscal del caso en el que se juzga al ex director de la Guardia Civil Luis Roldán afirmó ayer, en la lectura d sus conclusiones, que el ex director se apropió de 17 millones de pesetas de los fondos reservados tras el atentado de Hipercor, con la justificación de que estaba deprimido.

Además, en 1990 el Ministerio del Interior desestimó pagar indemnización alguna a las víctimas, con la argumentación de que no había habido negligencia de la policía en el desalojo del Hipercor en cuyo aparcamiento estalló una bomba de ETA.

La sentencia de Alvaro Cabrerizo fue la primera en firme que dio la razón a las víctmas de Hipercor sobre la responsabilidad civil subsidiaria del Estado. El fallo judicial establecía que la policía no actuó de forma diligente a la hora de desalojar el centro comercial, tras recibir un aviso de bomba.

Asimismo, la sentencia estableció que el Estado debía pagar por cada uno de los fallecidos en el atentado 15 millones de pesetas, que era la mitad de lo que se condenó a pagar a los autores del atentado por cada víctima.

Además de este caso, actualmente hay otros dos procesos judicales abiertos relativos a las indemnizaciones que los afectados reclaman al Estado por su actuación negligente en este atentado.

En uno de estos procesos, que afecta a 12 de las víctimas, el Tribunal Supremo condenó a principios de 1996 al Estado a pagar 106 millones de pesetas como responsable civil subsidiario. Este dinero todavía no se ha hecho efectivo.

El tercer contencioso judicial se inició en marzo de 1995, cuando 21 de los afectados decidieron también recurrir a los tribunales, caso que e encuentra actualmente en el Supremo.

Los representantes legales del Estado han recurrido en todas las instancias hasta llegar al Supremo que se debiera pagar indemnizaciones a las víctimas como responsable civil subsidiario.