En su dictamen, el fiscal reitera el informe elaborado el pasado mes de marzo por el fiscal general del Estado, Carlos Granados, con el asesoramiento de su gabinete técnico y de la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo, que determinó que la investigacón de los 'papeles de Laos' corresponde a la justicia ordinaria y, en concreto, a la titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, María Tardón.

El fiscal basa este argumento en que los documentos fueron usados en España cuando fueron entregados a la jueza del 'caso Roldán', Ana María Ferrer, por lo que la competencia es de los juzgados madrileños y no de la Audiencia Nacional.

La investigación de los 'papeles de Laos' fue iniciada por el juez Garzón después de recibir una denuncia en ete sentido interpuesta por el abogado Marcos García Montes. Paralelamente, la jueza Tardón recibió otra denuncia por estos hechos presentada por el propio Roldán, aunque se inhibió de la instrucción a favor de la Audiencia Nacional.

Sin embargo, más tarde la Audiencia Provincial de Madrid resolvió que la competencia correspondía a los juzgados madrileños y revocó la inhibición de la jueza Tardón, quien, por ello, solicitó a Garzón que le remitiese la causa.

Pero el magistrado se opuso al estimar ue la competencia de la investigación correspondía a la Audiencia Nacional, ya que, a su juicio, los documentos fueron falsificados en el extranjero por españoles, y planteó un conflicto de competencias ante el Tribunal Supremo, que ahora debe resolverlo.

Fuentes del Alto Tribunal explicaron que ahora el ponente del conflicto de competencias, el magistrado Eduardo Moner, deberá estudiar el dictamen del fiscal antes de señalar la fecha en la que la Sala se reunirá para decidir qué magistrado es el comptente, lo que estiman ocurrirá a finales del mes de junio.