La asociación de Guardias Civiles recurrirá la decisión de la juez esta semana porque quiere ejercer un acción popular diferenciada puesto que consideran a los miembros de la Benemérita perjudicados directos de la actuación de Roldán durante el tiempo en que desempeñó su cargo.

Ferrer argumenta en su auto que la comparecencia de una segunda acción popular en la causa supondría una violación del derecho a un procedimiento sin dilaciones indebidas.

Según el auto, con esta decisión se pretende respetar el artículo 24.2 de la Constitución española dirigido a "evitar una dilación injustificada del procdimiento por la reiteración de actuaciones con identica finalidad y significado".

"El riesgo de incurrir en dilaciones indebidas", continúa el texto de la juez, "se acrecienta en esta causa habida cuenta que hasta el momento además del ejercicio de la acción popular cuya querella dió origen a las actuaciones y de la que ahora se resuelve existen otras a las que ya se ha requerido para que ejerciten sus actuaciones a través de las acusaciones ya personada".

En caso de no conseguir su objetivo de aarecer como acción popular diferenciada, la asociación de Guardias Civiles podría personarse como acusación particular con la condición de que demostraran que Roldán les ha causado "un perjuicio real cosa que yo considero clara", aseguró el abogado de Coproper, Luis Fernándo Luján.