Tras su ponencia en el seminario "El ejercicio práctico de la abogacía a través de sus protagonistas", que han organizado el BCH y la UAM en Miraflores de la Sierra (adrid), el letrado calificó de "arriesgada" la función del administrador tras la aprobación del nuevo Código Penal, ya que "el Tribunal Supremo no unificará una línea jurisprudencial, lo que producirá que haya resolucines dispares para un mismo caso".

A pesar de que el nuevo Código pueda causar estos conflictos, el abogado de Mariano Rubio señaló que "con el texto aprobado ya no escaparán al control de los tribunales los delitos económicos más importantes", lo que sí ocurría con el antiguo Código Pena.

Sin embargo, si reconoció que el nuevo texto penal "deja límites imprecisos en los delitos mercantiles", por lo que, en su opinión, se va a crear un clima de "inseguridad jurídica al no existir una línea jurisprudencial a la que atenerse".

Por otra parte, Rodríguez Mourullo descartó la posible aplicación del artículo 102 de la Constitución para procesar al presidente del Gobierno, Felipe González, por su presunta implicación en el "caso GAL".

En su opinión "el tema juzgado no conmueve la sguridad del Estado en su plano material, al no haberse remitido los títulos 1 y 2, que atañen a la seguridad del Estado tanto exterior como interior".

El catedrático calificó de "conflictivo" el artículo 20 de la Ley de Contratos del Estado, al considerar que "puede llevar a interpretaciones restrictivas, en especial cuando se incide en el término acusado", lo que puede llevar a algunas empresas a beneficiarse sobre otras que tengan a alguno de sus miembros procesados.

En relación al tratamiento ue hace el nuevo Código Penal sobre las penas a insumisos, Rodríguez Mourullo expresó su convencimiento de que la solución a los insumisos "no debe resolverse por la vía penal", sino por soluciones de otro tipo, que tenía que haber resuelto "la política criminal coherente y moderna del nuevo texto penal".