Según explicó el letrado, la ampliación de la querella responde a la aparición de un nuevo pequeño accionista, José Ramón Martín Portugués, al que el banco de gestión privada adeuda un millón de pesetas, que se suma a la lista de sus otros seis representados, que contaban también con paricipaciones que en nigún caso superaban los 7 millones de pesetas.

Rodríguez Menéndez acusa a los querellados, entre los que incluye también a Isabel Preysler, Carmen Posadas y Benito Tamayo, de delitos de falsedad en documento mercantil, estafa, cohecho y maquinaciones para alterar el precio de las cosas.

En la querella, el letrado se reitera en la información aparecida la pasada semana en un semanario de publicación nacional, en el que figuró que el gobernador recibió 55 millones de pesetas de bercorp a través de AB, Master, SF Trust y AB Holding, sociedades instrumentales de Manuel de la Concha y Jaime Soto.

Rubio y su esposa, la escritora Carmen Posadas, que, según el abogado, figura en varios documentos en calidad de acreedora de Ibercorp con un saldo a favor de 98 millones de pesetas, han anunciado que emprenderán acciones legales contra la revista.

De acuerdo con la querella formulada por Rodríguez Menéndez, durante 1990 se produjo una masiva venta de acciones de Sistemas Financieos que fueron adquiridas por la misma sociedad por mediación de Ibercorp, presidido por Manuel de la Concha.

Aquella operación, denominada de autocartera, "suscitó el recelo" de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que requirió a Ibercorp el nombre de todas las personas que habían procedido a la venta de acciones.

El banco, "con un claro ánimo tendente a ocultar la verdadera identidad de determinados vendedores", facilitó en la lista los nombres de M.Jiménez (correspondiente a Mariano Rubo), M.Salvador (Miguel Boyer), J.Diez (Juan Antonio García Díez), María Isabel Arrastia (Isabel Preysler) y otro correspondiente a Jaime Soto.

El abogado dice más adelante que la lista fue falseada por José Manuel Quesada, director administrativo de Ibercorp, a instancia de Manuel de la Concha accionista de Sistemas Financieros y propietario de Ibercorp.

El letrado acusa a la entidad de haber trabado un grupo de sociedades patrimonialese instrumentales, que fueron utilizadas por De la Concha, Sot y Tamayo (gestores de Ibercorp) para operaciones de autocartera en las que el abogado destaca "la amistad" como factor determinante en la realización de las mismas, para obtener beneficios con perjuicio para el resto de accionistas.

Por otra parte, el letrado ha presentado ante el mismo juzgado un escrito en el que solicita que la Comisión Nacional del Mercado de Valores abandone las investigaciones y sea el juez natural quien se encargue de realizarlas.

Para Rodríguez Menéndez, la comisión no orece garantías a estos accionistas "cuando Mariano Rubio forma parte de un órgano consultivo que establece las jerarquías de la Comisión Nacional del Mercado de Valores".

"Es una medida práctica ya que a mis representados, los pequeños accionistas, lo que les interesa es cobrar el dinero que perdieron y la comisión no les va a resolver ningún problema", declaró el abogado, que se fundamenta en diversos artículos de la Ley de Enjuiciamineto Criminal.

Asimismo el letrado basa su petición en el párrfo segundo del artículo 96 de la ley 24/88 del Mercado de Valores, que establece que las investigaciones de la comisión deben quedar suspendidas en el momento en el que comienza un procedimiento penal.

"Una vez conocida la resolución del asunto penal", puntualizó el abogado, "el resultado vinculará a la comisión a los hechos probados".