Así lo indicó en el acto de firma del convenio entre el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Banco Santander, por el que la entidad financiera se adhiere a la línea de avales de 2.500 millones de euros aprobada por el Gobierno para la adquisición de primera vivienda de jóvenes y familias con menores a cargo.

Rodríguez subrayó la importancia y la dificultad de la medida señalando que “no ha sido fácil llegar hasta aquí” y trasladó que la línea de avales muestra la “sensibilidad” de un Estado que se “reivindica” como “emprendedor”, que “no se conforma con la situación y que quiere que nuestro país se transforme”.

La medida, que podrá beneficiar a unos 50.000 jóvenes según los cálculos gubernamentales, se justifica en un momento en el que el alquiler se ha convertido en una “causa de imposibilidad” y con la que se busca facilitar la salida de ese mercado a aquellos que “desean hacerlo porque tienen circunstancias personales y laborales que se lo permiten, pero no cuentan con los ahorros necesarios”. Esta salida facilitaría la entrada al mercado del alquiler a otras personas que hasta ahora no pueden permitirse el alquiler, según Rodríguez.

También trasladó que la medida será beneficiosa en la España rural, donde “el acceso a la vivienda normalmente se hace a través de la autopromoción” y, por tanto, una persona compra el terreno o una vivienda y “necesita la hipoteca”.

Para la ministra de Vivienda, es un “orgullo” contar el Banco Santander “para facilitar la vida a la juventud en nuestro país”. Rodríguez dio las gracias a la entidad presidida por Ana Botín, al resto de entidades que “ya están dando los pasos para incorporarse” a la línea de avales y a aquellas que también han manifestado su “intención”.

Las líneas de avales darán cobertura hasta el 20% de la compra de una primera vivienda a personas de hasta 35 años con dos años de residencia legal en España con unos ingresos inferiores a los 37.800 euros al año, límite que se amplía un 70% para familias monoparentales, hasta los 64.000 euros, y al doble, hasta los 75.600 euros, si la hipoteca la firman dos personas. Además, se incrementará en 0,3 veces el Iprem, unos 2.520 euros brutos anuales, por cada menor a cargo. El aval podrá cubrir hasta el 25% en caso de que la vivienda tenga una calificación D o superior.

El plazo del aval será de un máximo de 10 años desde que se formalice la operación, con independencia de la amortización del préstamo. Durante este plazo, la vivienda deberá ser la residencia habitual de la persona avalada y su arrendamiento estará limitado a que concurran circunstancias que exijan el cambio de vivienda. El firmante de la hipoteca no podrá tener un patrimonio superior a los 100.000 euros.