Así lo indicó en el pleno del Senado a respuesta de la senadora del PP Paloma Martín, quien acusó al Ejecutivo de aplicar una política de vivienda “equivocada” basada en la “intervención del mercado y tolerancia con la okupación”. Martín, quien fue consejera en la Comunidad de Madrid entre 2019 y 2023, subrayó que el Gobierno está “condenando a una generación entera de jóvenes”.

En respuesta, la titular de Vivienda señaló que la Comunidad de Madrid es “una de las comunidades en las que peor situación se encuentra el mercado de la vivienda” y recordó que son los gobiernos regionales quienes tienen transferidas las competencias.

Rodríguez celebró que el PP haya “cambiado de opinión” en materia de la vivienda porque ella “nunca” le diría a un español, “como hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid, que los jóvenes tienen la culpa de no poder acceder a una vivienda porque son unos vagos que lo tienen todo y no quieren esforzarse”.

La ministra se refería a unas declaraciones del año 2022 en las que Ayuso subrayaba que los jóvenes “lo tienen todo” pero les falta “esa cultura del esfuerzo” que se “ha ido perdiendo” por cuestiones como las leyes educativas, la revolución digital o la “soledad”.

Asimismo, la ministra de Vivienda recordó las palabras de la líder popular, también en 2022, en las que afirmaba que estaba “harta de pagar alquiler” y tenía “ilusión” por comprar una casa, pero se lamentaba de que “en Madrid se ha disparado la vivienda”. “Lo que no diría yo nunca como ministra de Vivienda es que tengo un problema para acceder a la vivienda y que no sé cómo hacerlo, que fue lo que dijo también la presidenta Ayuso”, recalcó.

22.000 VIVIENDAS

La ministra elevó en el pleno a 22.242 las viviendas firmadas con las comunidades autónomas y ayuntamientos para su construcción o rehabilitación para destinarse a alquiler asequible, lo que supera el objetivo inicial de 20.000 viviendas de la línea del Plan de Recuperación, una de las que conforman el objetivo total del Ejecutivo de 184.000 viviendas.

Esta línea viene contenida en la inversión 6 del componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Con un importe de 1.000 millones de euros, los fondos se destinan a la inversión directa por parte de las distintas Administraciones territoriales para cubrir total o parcialmente los costes asociados al desarrollo de las operaciones de construcción de un número estimado de 20.000 viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, pudiendo desarrollarse a través de fórmulas de colaboración público-privadas.

“Este Gobierno no se inhibe ni deja atrás su responsabilidad. Todo lo contrario, lo que estamos haciendo es explorar toda la competencia que tenemos del Estado para que no vuelva a ocurrir lo que ya ocurrió, que con los recursos y las promociones públicos se enriquezcan unos pocos y se regalen a fondos buitres”, explicó.