Según esta organización, las entidades denunciadas dicen que van a hacer una conexión con la red general para enviar esos vertidos hasta la estación depuradora del Lagares para su tratamiento, lo que, a su juicio, significa echarlos en medio de la ría, donde "se nota menos", ya que esta depuradora vierte a la ría cada segundo 900 litros de agua sin tratar.

Para los citados colectivos, el funcionamiento de esta depuradora es "un desastre" y la macrodepuradora que piensan construir en ese lugar tampoco va a funcionar, porque no está proyectado realizar separación de las aguas residuales, pluviales e industriales.

Además, "La Ría No Se Vende" denuncia que el polígono industrial del relleno de Bouzas tampoco tiene ningún tipo de saneamiento, por lo que todos los residuos van directamente al mar, provocando otro punto negro de contaminación dentro de la ría desde el que se vierten en este caso aceites, hidrocarburos, pinturas, etcétera, que tendrían que ser tratados independientemente del sistema de saneamiento de la ciudad.

Esta organización defensora de la ría se pregunta si las autoridades no se han dado cuenta hasta ahora de que no existe saneamiento en el puerto, y "cómo es posible que se gastaran millones de euros en páginas de prensa con publicidad sobre la urgencia de las ampliaciones y sobre proyectos fantasmagóricos" y no se plantearan hasta ahora las obras de saneamiento.

También denuncia que el puerto de Vigo pretende verter entre las islas de Ons y Sálvora 148.000 toneladas de lodos contaminados con metales pesados, hidrocarburos y restos de saneamiento, procedentes del dragado para ganar calado en las dársenas del Berbés, cuando el fondo de la ría de Vigo ya acumula una gran concentración de metales pesados por los vertidos industriales que durante muchos años se han realizado.

Según estos colectivos, parte de esos contaminantes se ponen en suspensión al remover los fondos cuando se hacen los dragados, y pueden dispersarse por la ría, afectando la vida marina y al marisqueo y la pesca de las rías de Pontevedra y Arosa.

Para los colectivos que conforman "La Ría No Se Vende", ya es hora de que haya responsabilidades penitenciarias por cometer delitos ecológicos.