Revilla garantizó que, a pesar de la "terrible" crisis por la que atraviesa la economía, el ejecutivo regional no va a realizar ningún recorte presupuestario en el ámbito de los servicios sociales sino todo lo contrario, una "subida espectacular".

Tras defender que "los que no pueden pagar la crisis son las personas más necesitadas porque sería una gran injusticia", recordó que en la actualidad la atención social representa un 6,2 por ciento del presupuesto total de la comunidad, únicamente superada por la sanidad y la educación.

Asimismo, recordó que desde el año 2003 se ha dado en Cantabria un salto inversor del 270% para la atención a personas en situación de dependencia, pasando de 28 a 106 millones de euros en términos globales, y de 124 a 275 euros por persona atendida.

Revilla señaló también que 9 de cada 1.000 habitantes reciben prestaciones de la Ley de Dependencia, lo que significa un 50% más que la media española.

Además, valoró que Cantabria es una de las comunidades más avanzadas en la aplicación de esta normativa, ya que de las 9.913 personas reconocidas a día 15 de enero en situación de dependencia severa, 5.900 ya están recibido la correspondiente prestación.

No obstante, afirmó que "todo lo que se haga es poco" en la atención a la dependencia, por lo que animó a los diferentes organismos agrupados en Cermi a seguir colaborando con el Gobierno para mejorar estos datos. "En tiempo de crisis las personas cuentan más", indicó, parafraseando un eslogan de la propia asociación.

Miguel Ángel Revilla mantuvo un encuentro con el presidente de Cermi Cantabria, Alfonso Tazón; el secretario general, Pedro Ortiz, y otros miembros del colectivo, reunión en la que también participó una delegación de Cermi estatal, encabezada por su secretario general, Alberto Durán.

En ese encuentro, los representantes informaron al presidente de la actividad que desarrollan y las principales preocupaciones de las personas con discapacidad, como la situación del empleo protegido en los Centros Especiales de Empleo, el desarrollo de los servicios sociales y la Ley de Autonomía Personal o las dificultades de accesibilidad universal, entre otras.