Así lo pone de relieve un análisis del Grupo de Investigación en Pensiones Públicas del Instituto de Actuarios Españoles (IAE) sobre la reforma de pensiones que aprobada por el Gobierno. A juicio de los actuarios, la reforma incide en reforzar la “suficiencia” de las pensiones, lo cual es “positivo”, pero “retrocede en fortalecer la sostenibilidad (capacidad presente y futura del sistema de atender los compromisos que adquiere) y la equidad (equivalencia actuarial entre lo entregado y lo recibido)”.

Para este instituto, son dos “aspectos clave que, a medio-largo plazo (20-30 años), ponen en peligro la suficiencia de las pensiones, es decir, la capacidad del sistema de aportar a las personas jubiladas un nivel de vida similar al que tenían cuando estaban activas y que les proteja de situaciones de pobreza”.

Según explica el profesor titular de Economía Financiera y Actuarial, y miembro del IAE, Enrique Devesa, "la actual mejora de la suficiencia para los actuales pensionistas implica un empeoramiento de la sostenibilidad del sistema”. Por ello, defiende que “el elevado esfuerzo que va a suponer revalorizar las pensiones con el IPC debería ser conocido por todos, porque las implicaciones de esta norma no solo afectan a la generación actual de cotizantes, sino que se extenderá durante varias décadas”.

El análisis estudia el impacto que tendrá en el sistema la revalorización de las pensiones, la jubilación demorada, la jubilación anticipada, y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Y la valoración conjunta de las cuatro medidas analizadas lleva al grupo de investigación a concluir que “va a generarse un aumento del gasto en pensiones, sobre todo como consecuencia de la revalorización de las pensiones con el IPC, pero también debido a la derogación del Factor de Sostenibilidad y su sustitución por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional”.

JUBILACIÓN DEMORADA Y ANTICIPADA

Mientras, el IAE indica que los cambios en la jubilación demorada y anticipada van a generar “un resultado incierto, pero supondrán apenas una pequeña disminución del gasto, en el mejor de los casos”.

El informe del IAE considera que no se han introducido suficientes incentivos para potenciar la jubilación demorada. En cualquier caso, subraya que el efecto en términos de caja de esta medida es “muy pequeño”, debido a que el gasto en pensiones de jubilación demorada está alrededor del 3% del gasto total en pensiones, y solo afecta a las nuevas altas.

“Se puede cuantificar en unos cuatro millones de euros adicionales el primer año, mientras que a medio-largo plazo (20-30 años) el gasto en pensiones podría aumentar un 0,1%”, ahonda el Instituto.

En cuanto a la jubilación anticipada, Devesa señala que el impacto conjunto de las dos medidas introducidas (nuevos coeficientes y nuevo método de cálculo), supondría una bajada de la pensión media de las anticipadas del 2,18%, afectando casi exclusivamente al primer cuartil de nivel salarial, con una bajada de la pensión inicial del 5,70%".

MECANISMO DE EQUIDAD INTERGENERACIONAL

El IAE tampoco coincide con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, dado que estima que es una medida que acumulará en 2067 un déficit hasta ese momento de 7,75 puntos del PIB de ese año.

Según el IAE, la propia valoración del Gobierno, impulsor de los cambios implícitos en la reforma, indica que la sostenibilidad financiera a largo plazo del sistema va a estar más tensionada de lo que ya lo estaba con anterioridad a la reforma.

"Concebir o gestionar un sistema de pensiones consiste en armonizar las expectativas e intereses de dos grandes tipos de ciudadanos: los pensionistas presentes y los pensionistas futuros. Una política centrada en los primeros se fijará en aportar garantías para las prestaciones actuales, aunque ello genere unos déficits que, al minar la sostenibilidad a largo plazo, comprometen la posibilidad de que los jubilados del futuro puedan disfrutar de la misma generosidad que los presentes. Una política centrada en los jubilados del futuro sacrificaría la suficiencia presente de las pensiones para así generar un esquema exento de déficit y con un nivel de gasto sobre PIB moderado”, apostilla el Instituto de Actuarios.

Por todo ello, los expertos del IAE abogan por que la reforma de 2021 no tenga “carácter de último paso”, sino que “sea completada, matizada o, incluso, modificada si, como los cálculos apuntan a que podría pasar, se revela como no ajustada al objetivo de diseñar un adecuado equilibrio entre beneficiarios presentes y futuros del sistema”.