En declaraciones a Servimedia, ambos portavoces argumentaron que un niño de 12 años no puede ser considerado penalmente imputable.

Para Alonso, el tratamiento de los comportamientos antisociales de los menores debe basarse, más que en la represión penal, en atajar las causas sociales de ladelincuencia juvenil, como la falta de educación y cultura, el desarraigo familiar y las toxicomanías.

Agregó que las medidas privativas de libertad establecidas en el borrador, como la reclusión en centros y los arrestos de fin de semana, sólo deberían aplicarse a mayores de 14 años y en casos "absolutamente excepcionales", para supuestos de "auténtica gravedad".

Por su parte, Tardón resaltó que los castigos penales deben tener por objetivo la reeducación del menor para su posterior reinserción n la sociedad.

El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Ramón Rodríguez Arribas, señaló a Servimedia que debe establecerse un baremo de penas en función de la edad del menor y que a la privación de libertad sólo habría que llegar en casos extremos, entre los que enumeró la violación, el asesinato y la violencia callejera.

Por último, el portavoz de la APM señaló que el éxito de esta ley dependerá de las dotaciones económicas, de personal y de centros especializados quese dispongan.