El Gobierno de la Nación considera que la disposición recogida en el decreto 309/2000, de 26 de diciembre, ha sido aprobada por el Gobierno vasco careciendo de la correspondiente competencia, al tiempo que vulnera la competencia exclusiva del Estado en materia de Administración de Justicia.

Los aspectos cuestionados están referids, entre otros, a plantillas y relaciones de puestos de trabajo, funciones de coordinación, tanto en lo que se refiere a la provisión de puestos de coordinadores de áreas y convocatoria del concurso de méritos para acceder al puesto de la coordinador de área; normalización lingüística, y licencias y permisos por maternidad y para visitas a familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, que estuvieran cumpliendo penas privativas de libertad.

El Ejecutivo considera que el Gobierno vasco ha sobrepaado el ámbito de competencias que le corresponde y, en consecuencia, le requiere de incompetencia a fin de que deje sin efecto los puntos objeto de requerimiento.