"Estamos dispuestos a negociar, pero no vamos a renunciar a nuestros derechos. Estar dispuestos a colaborar no supone un acatamiento, sino preservar la posibilidad de daños mayores y, por lo tanto, nos reservamos la defensa de nuestros intereses como creemos que debemos hacer", indicó Repsol YPF.

El Gobierno de Bolivia señala en el mencionado decreto que las compañías que no lo acaten inmediatamente no podrán seguir operando en el país. Aquellas que lo acaten deberán negociar un nuevo contrato con el Estado en el plazo máximo de seis meses.

Además, en la carta, Repsol YPF y sus subsidiarias ponen todos sus derechos y acciones bajo la protección del Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República de Bolivia.

La misiva ha sido enviada el mismo día que partió de España una delegación del Gobierno español, encabezada por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León, para dialogar con las autoridades bolivianas sobre la aplicación de la nacionalización y sus efectos sobre las compañías españolas presentes en el país andino, especialmente Repsol YPF.

DECRETO

El mencionado Decreto Supremo, fechado el 1 de mayo pasado, establece "que las actividades de exploración y producción de hidrocarburos se están llevando adelante mediante contratos que no han cumplido con los requisitos constitucionales y que violan expresamente los mandatos de la Carta Magna al entregar la propiedad de nuestra riqueza hidrocarburífera a manos extranjeras".

Asimismo, el texto recuerda "que Bolivia ha sido el primer país del Continente en nacionalizar sus hidrocarburos, en el año 1937 a la Standar Oil Co., medida heroica, que se tomó nuevamente en el año 1969 afectando a la Gulf Oil, correspondiendo a la generación presente llevar adelante la tercera y definitiva nacionalización de su gas y su petróleo".

En el artículo 3, el decreto boliviano establece que "sólo podrán seguir operando en el país las compañías que acaten inmediatamente las disposiciones del presente Decreto Supremo, hasta que en un plazo no mayor a 180 días desde su promulgación, se regularice su actividad, mediante contratos, que cumplan las condiciones y requisitos legales y constitucionales. Al término de este plazo, las compañías que no hayan firmado contratos no podrán seguir operando en el país".

Asimismo, "para garantizar la continuidad de la producción, YPFB (la empresa estatal), de acuerdo a directivas del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, tomará a su cargo la operación de los campos de las compañías que se nieguen a acatar o impidan el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto Supremo".

La compañía con la que opera Repsol YPF en Bolivia, Andina S.A., está participada casi al 50% por fondos de inversión internacionales. El Gobierno boliviano señala en el decreto de nacionalización que, "en aplicación a lo dispuesto por el Artículo 6 de la Ley de Hidrocarburos, se transfieren en propiedad a YPFB, a título gratuito, las acciones de los ciudadanos bolivianos que formaban parte del Fondo de Capitalización Colectiva en las empresas petroleras capitalizadas Chaco S.A., Andina S.A. y Transredes S.A.".

CARTA

Por lo que respecta a la carta enviada hoy por Repsol YPF, va dirigida al presidente de YPFB, Jorge Alvarado, con copia al ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Andrés Soliz Rada, según indicó la compañía en una nota de prensa.

En ella se expresa que "Repsol YPF y sus subsidiarias están a disposición de las autoridades de Bolivia para cumplir con las obligaciones impuestas en el citado Decreto" y solicita que se indique la forma en que se instrumentará esta norma, fundamentalmente en lo relativo a que "las empresas petroleras están obligadas a entregar en propiedad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) toda la producción de hidrocarburos".

En lo que se refiere a que YPFB, en nombre del Estado, "asume la comercialización de los hidrocarburos producidos en el país, definiendo las condiciones, volúmenes y precios", Repsol YPF informa que "continuaremos actuando operativamente como lo hacemos hasta la fecha y hasta el momento en que se definan e instrumenten los parámetros señalados por el Decreto".

La compañía aclara que "el contenido de esta comunicación y cualquier colaboración que se vea obligada a prestar a las autoridades de Bolivia en relación con las medidas -de nacionalización- adoptadas, se llevará a cabo con el sólo propósito de mitigar daños, y no podrán ser interpretadas como una renuncia de sus derechos".

Para concluir, Repsol YPF manifiesta que "nos reservamos el derecho de ampliar en posteriores comunicaciones al Gobierno de Bolivia nuestras observaciones a las demás disposiciones del Decreto en cuanto afecten los derechos de Repsol YPF y sus subsidiarias".