Coar ha calificado este hecho como un paso hacia adelante que contribuirá a facilitar la vida cotidiana de las personas con discapacidad, "ya que a partir de ahora contar con un entorno físico adaptado será más fácil".

Las principales novedades de la ley son el compromiso de la total eliminación de las barreras arquitectónicas en el plazo de diez años en accesos y zonas comunes de los edificios públicos, así como la introducción de nuevas ayudas a la habilitación profesional.

Esta normativa establee además una reserva de plazas del 3% de las vacantes en los concursos de oposición de la Junta de Andalucía, y de otro 3% en las viviendas de promoción pública para los discapacitados.

Las administraciones públicas que incumplan esta normativa podrán ser multados con sanciones de hasta 50 millones de pesetas para los casos más graves.