En esta revisión, efectuada entre el 6 de noviembre y el 21 de diciembre del año pasado, los responsables del Gobierno de la Comunidad de Madrid visitaron 33 centros e hicieron 23 requerimientos, entre los que abrieron 9 expedientes sancionadores.

Las residencias cuyo funcionamiento ha obtenido el calificativo de "bueno" albergaban 949 inernos, las señaladas como "muy buenas", 87; las "regulares", 61; las "malas", 148, y las "muy malas", 66.

Esta última inspección fue realizada inmediatamente después de la aprobación de la Ley de Inspección de Centros y Servicios de Acción Social, el pasado 10 de octubre, por la Asamblea de Madrid.

Con anterioridad, los técnicos de la Consejería de Integración Social realizaron otra inspección, entre el 9 de octubre de 1989 y el 5 de noviembre de 1990.

En esas fechas, los inspectores visitarn 97 instituciones de servicios sociales -la gran mayoría residencias de ancianos-, que albergaban a unos 3.000 usuarios. De ellas, 32 estaban en la capital y el resto, 65, en otras tantas localidades de la región.

Cerca del 30 por ciento de los centros inspeccionados, que acogían a unas 1.500 personas, obtuvieron el calificativo de "muy bien" y "bien", mientras los que fueron calificados como "regular", "mal" y "muy mal", tenían unos 1.400 internos.

Tras el informe de los inspectores de la conseería que dirige Elena Vázquez, diez residencias fueron clausuradas y los técnicos efectuaron 87 requerimientos.

REUNION CON LA FISCALIA

Por otro lado, mañana, jueves, responsables de la Consejería de Integración Social, entre ellos Fernando Manzano, secretario general técnico, mantendrán una reunión con miembros de la Fiscalía de Madrid, para intercambiar información sobre la aplicación de la Ley de Inspección de Centros y Servicios de Acción Social.

Con anterioridad, Integración Social había rmitido, el pasado 26 de diciembre, un documento, al que tuvo acceso Servimedia, en el que los responsables de la comunidad exponían los problemas que "nos hemos encontrado en la aplicación de la ley".

El informe constata que las plazas disponibles en centros de la CAM resultan hoy muy inferiores al número de demandas, lo que obliga, a su juicio, a establecer un baremo de preferencias que priman los ingresos de personas que tienen peores condiciones sociales, familiares y económicas.

Asimismo, refeja que es habitual la no constancia de consentimiento expreso de los beneficiarios para su ingreso en los centros y en muchos casos se suscitan serias dudas sobre la capacidad de los mismos internos para prestarlo.

Este problema se agrava cuando las condiciones de las residencias hacen necesarias la adopción de medidas correctoras, por carecer de falta de intimidad y condiciones de habitabilidad.

La Administración regional aconseja en esos supuestos la intervención y responsabilidad de los familares y la actuación de los órganos judiciales competentes y de la Comisión de Tutela y Defensa Jurídica de Adultos.

Otras veces, expresa el texto enviado por la consejería a la fiscalía, algunos usuarios de los centros de servicios sociales de la CAM, en condiciones aparentes de lucidez, rechazan opciones alternativas al internamiento.

"Así, por ejemplo, han llegado a rechazar de plano su ingreso en centros públicos en los que tenían concedidas plazas, optando por permanecer en situaciones de hacnamiento, inadecuada atención sanitaria, etc.", agrega el informe.

Para los técnicos de la Consejería de Integración Social, con independecia de una intervencion específica, se da un fuerte condicionamiento de los residentes por parte de los propietarios de los centros, de carácter, normalmente, lucrativo.

Según la ley de inspección, ésta permite la actuación ejecutiva de la Administración autónoma para la efectividad de las sanciones, aunque en la práctica se han dado algunas negativas, por part de los titulares de los centros, a permitir la entrada de los inspectores o ejecutar sus órdenes.