Según informó la compañía, la agencia valora el papel que desempeña Renfe como proveedor de servicios esenciales de transporte y la “sólida supervisión” que su único accionista, el Estado español, ejerce sobre la entidad, lo que le lleva a concluir que esta “se beneficiaría de un potencial apoyo extraordinario estatal, en caso necesario”.

Por otra parte, S&P ha ponderado la calificación en base a los efectos sobre el margen operativo de la consolidación de la competencia en la alta velocidad, el marcen cero de las actividades de obligación de servicio público (OSP), así como el programa de inversiones a realizar para la renovación de su flota de servicio público.

También hace mención expresa al hecho de que, a diferencia de sus semejantes europeos, Renfe no recibió compensación alguna por la pérdida de ingresos durante la pandemia.

La potencial transferencia del transporte de viajeros de Cercanías a las comunidades autónomas de Cataluña y el País Vasco ha sido calificada como neutral por esta agencia, que ha tenido en cuenta que estas actividades actualmente no tienen rentabilidad para la compañía.

Aparte de la calificación crediticia de emisor a largo plazo mencionada, S&P ha asignado un rating ‘bb-‘ como evaluación del perfil crediticio independiente (‘Stand Alone Credit Profile’).

La perspectiva Estable refleja la opinión de una probabilidad “muy alta” de apoyo extraordinario por parte del Gobierno español a Renfe. También incorpora la expectativa de que el segmento de servicios comerciales de la compañía muestre “un sólido desempeño” en el futuro, respaldado por el aumento de la oferta, el nuevo material rodante y las nuevas líneas abiertas en Francia, junto con la expectativa de un impacto neutral relacionado con la transferencia al País Vasco y Cataluña.

Incorpora, asimismo, la previsión de que el FFO (Fondos de Operaciones) con respecto a la deuda neta se recupere hacia el 5% a partir de 2025.