El conflicto se inició cuando el actual equipo de gobierno municipal, compuesto por andalucistas y populares, paralizó el proyecto urbanístico conocido como "Plaza de Armas" poco después de su llegada al gobierno de la ciudad, una obra ya aprobada por la anterior corporación, compuesta íntegramente por socialistas.

En estos terrenos, propiedad de la sociedad Corte Chapina, empresa participada por Renfe, está proyectada la construcción de una torre cilínrica de nueve plantas, una altura que, precisamente, ha sido la causa de la negativa del ayuntamiento, al asegurar que excede las normas del Plan General de Ordenación Urbana.

Según explicó en declaraciones a la cadena Ser, para Sala, la corporación sólo tiene dos alternativas: rectificar su orden de paralización o que se avenga a pagar una indemnización por daños y perjuicios a Renfe.

El ayuntamiento de Sevilla dispone de un plazo de dos meses para tomar una decisión que satisfaga a la empresa pblica, según Mercé Sala, ya que en caso contrario interpondrá un recurso contra la corporación hispalense por actuación ilícita.

Sala, que se apoya en el estudio de los asesores jurídicos de la sociedad de ferrocarriles, señaló que "el ayuntamiento sevillano ha paralizado las obras de forma unilateral y unívoca".

Añadió que la concesión de la licencia urbanística contó con el informe favorable del secretario del ayuntamiento de Sevilla, Juan Antonio Campora, el mismo que, más tarde, advirtió de l presunta ilegalidad cometida por populares y andalucistas al paralizar las obras.

De todos modos, la corporación hispalense no podrá disponer de esos terrenos, puesto que son propiedad de la sociedad Corte Chapina que, según Mercé Sala, es la que tiene en sus manos el futuro de la zona, pese a la postura adoptada por el ayuntamiento.