Los sindicatos afirman que "en los últimos tiempos, estamos asistiendo a todo un despliegue de sumisión del Gobierno a los intereses de la Conferencia Episcopal".

La plantaforma en defensa de la escuela pública basa su denuncia en el reciente acuerdo sobe los profesores de religión, "a partir del cual la Administración pasa a ser la empresa pagadora, aunque sin hacer valer la normativa sobre selección de personal"; la pasividad del Gobierno ante la proyección de vídeos antiabortistas en clase de religión, y la intención del Ejecutivo de modificar la actual legislación sobre la enseñanza religiosa y sus alternativas.

Para los sindicatos, el reinicio de lo que denominan la "guerra de la religión" sólo beneficiará a quienes intentan imponer esta enseñana. "Esta circunstancia", argumentan, "y no otra es la que se encuentra detrás de la obligatoridad de asignaturas de contenido moral como alternativa a la religión".

Asimismo, advierten de que si las alternativas a la asignatura de religión se catalalogan como obligatorias, influirá negativamente sobre el resto de áreas curriculares y se abrirá "un conflicto que ya estaba superado".