Podrán solicitar la restitución de estos documentos las personas naturales o jurídicas de carácter privado, o sus legítimos sucesores, a los que les fueron incautados documentos, fondos documentales y otros efectos, siempre que acrediten la titularidad de los mismos en el momento de la incautación.

Para la valoración de las solicitudes presentadas se constituirá una comisión técnica formada por expertos en archivística y derecho administrativo.

Una vez que se hayan resuelto las solicitudes, se devolveránlos documentos a los interesados, aunque el Centro Documental de la Memoria Histórica, en Salamanca, tendrá una copia de cada uno de ellos.

Además, se regula la posibilidad de que el titular decida mantener los documentos depositados en el Centro de la Memoria Histórica.

La solicitud se realizará ante la comunidad autónoma o ciudad con Estatuto de Autonomía donde resida el interesado, o bien en el lugar donde tuvo lugar la incautación.

Tanto las comunidades autónomas como Ceuta y Melilla podrán solicitar al Ministerio de Cultura la participación en el procedimiento y serán competentes para la tramitación y resolución de las solicitudes, así como para llevar a cabo la restitución material de los documentos en su respectivo ámbito territorial.