Méndez, que participa esta semana en un curso sobre los sistemas de acreditación de la propiedad como instrumento contra la pobreza organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), explicó que "el patrimonio inmobiliario" de países como Perú "está despilfarrado".

"El hecho de que el Estado expida títulos de propiedad significa que el Estado está firmando un contrato" por el que "se compromete a reconocer y defender esa propiedad", prosiguió el decano, "lo que en términos latinoamericanos significa que el Estado está dispuesto a entrar en las favelas y que la seguridad de los residentes esté a cargo" de la Administración".

Así, apuntó, "ya no tiene por qué quedarse la mujer a defender la casa y, por lo tanto, puede salir a trabajar" y permitir que sus hijos vayan a la escuela. "Eso tiene una consecuencia de impactos positivos de primera magnitud", señaló Méndez.

ALTERNATIVA A LA USURA

Para empezar, la primera de estas consecuencias sería la abolición de la usura pues, a la hora de obtener un préstamo, "cuanto más alta es la garantía, menor es el tipo de interés" y, si la garantía es un inmueble en propiedad, el individuo no se ve obligado a recurrir a un prestamista para poder poner en marcha una actividad económica.

De esta manera se evitan las prácticas de "semiesclavitud" tan comunes en los asentamientos ilegales donde "todo es informal", y se da así al individuo una "seguridad en la propiedad" que incrementa su "capacidad de endeudamiento".

"Cuando es el Estado el que comparece, reconoce y legaliza esas propiedades", señaló Méndez, "lo que está haciendo es decirle" al ciudadano "que a partir de ese momento va a poner toda la fuerza que tiene en defensa de esos derechos", concluyó.