Méndez, que participa esta semana en un curso sobre la relación entre propiedad legal y pobreza organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, señaló que "aparecen en facturas de intermediarios conceptos que son aparentemente registrales pero que no lo son" y que hacen creer al usuario que el Registro le está cobrando una cantidad mucho mayor de la que cobra en realidad.

Por este motivo, reclamó la puesta en marcha de un sistema que permita simplificar las minutas de manera que el individuo distinga perfectamente la diferencia entre lo que ha pagado por el servicio de la institución y lo que ha desembolsado por la actividad del intermediario en cuestión.

Así, se proponen alternativas como que "el registrador, además de expedir la factura, la notifique al usuario en su casa" para que "cuando algún otro le diga lo que está cobrando el Registro, compare y vea si es cierto o no".