De esos 80.000 millones, dijo Palau, unos 20.000 ya han sido invertidos desde 1988 hasta este mes de julio, en actuaciones sobre las 100 playas más afectadas.

El máximo responsable de Costas cifró en 60.000 millones de pesetas lo que tendrá que gastar el Estado remodelar las 300 playas restantes y añadió, acto seguido, que un presupuesto "razonable" para su departamento no dbería bajar de los 15.000 millones anuales.

Al ser preguntado en qué medida afectará el recorte presupuestario de inversiones que tiene previsto llevar a cabo el Gobierno en lo que queda de 1991, Palau contestó "no lo sé. Yo también tengo esa curiosidad y estoy tan preocupado como ustedes".

Explicó que no existe un plazo de tiempo para terminar la regeneración de playas, porque este tipo de actuaciones no acaba nunca; por eso, precisó, los 80.000 millones son sólo parte de una primera inversión qe deberá tener su continuación.

"Dense cuenta", afirmó, "que estamos hablando de un sistema vivo (pérdida y acumulación de arena por mareas y otros factores) y, en este sentido, preferimos regenerar una playa cada cuatro o cinco años, que levantar muros alrededor de las playas para evitar una nueva regresión".

AMENAZAS A FUNCIONARIOS

Por otro lado, el director general de Costas admitió hoy que varios jefes provinciales de su departamento han recibido amenazas anónimas por su "celo" en la aplicaión de la Ley de Costas.

Palau ha puesto como ejemplo de estas "técnicas mafiosas" la actuación de una constructora que pagó media página de publicidad en todos los periódicos andaluces y varios nacionales, para publicar una foto y un texto crítico con el proceder del jefe de Costas de Málaga.

El director general de Costas reconoció también que la Ley sólo tendrá pleno efecto disuasorio en 3.200 de los 8.000 kilómetros de litoral español.

Esos 3.200 kilómetros corresponden a terreno "virgen"no urbanizable, y los 4.800 restantes lo forman cascos urbanos y terrenos declarados urbanizables con anterioridad a la promulgación de la Ley de Costas.

"No es que estos terrenos estén destrozados", añadió, "pero tienen una calificación urbanística tal, que no permite aplicar las medidas de protección más intensas que prevé la Ley de Costas, como es la ampliación de la zona de servidumbre pública".

La Ley fija que ese "dominio público" sea de 100 metros hacia el interior desde la línea de playa agua), para terrenos no urbanizables (afecta a los 3.200 kilómetros "vírgenes"), y sólo de 20 metros para cascos urbanos o terrenos declarados urbanizables con anterioridad a la Ley (afecta a los 4.800 kilómetros restantes).

"RESPALDO IMPORTANTISIMO"

Fernando Palau comentó también que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre los recursos contra la Ley de Costas, que presentaron el PP y los Gobiernos de Cataluña, Galicia, Baleares, País Vasco, Cantabria, Canarias y Comunidad Valenciana da la razón al Gobierno en su filosofía de "dominio público".

Palau calificó de "respaldo importantísimo" al Gobierno el hecho de que el Tribunal Constitucional no haya declarado inconstitucionales aspectos colaterales a ese "dominio público" contenidos en la Ley.

Entre estos últimos, citó los conceptos de "servidumbre de mar y arena", "deslinde", "límite de propiedad" y "zonas de protección e influencia".

Los dos artículos declarados inconstitucionales por el Alto Tribunal son los que recoocen al Estado, y no a las comunidades autónomas, competencias en ordenación del territorio dentro de las llamadas "zona de protección". Esta zona empieza donde acaba el "dominio público", de 100 o 20 metros.

El Constitucional estima que las comunidades autónomas sí tienen esa competencia de ordenación del territorio (establecimiento de planes generales de ordenación urbana y planes parciales, fundamentalmente).