Esa es la conclusión principal de la investigación ‘Operación resucitar Doñana’, elaborada por Greenpeace con una metodología de cálculo diseñada por Bytegeo y dada a conocer este miércoles.

Precisamente, el grupo de trabajo creado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y la Junta de Andalucía se reúne este miércoles en Huelva tras un primer contacto el pasado lunes en el que ambas partes concluyeron con la sensación de “haber avanzado” en encontrar una solución a los agricultores que quedaron fuera del plan de regadíos de la Corona Forestal de Doñana de 2014.

Además de ser considerada regable por el plan de ordenación de regadíos de Doñana de 2014, una finca puede regarse si cuenta con la autorización del organismo de cuenca, algo que “no sucede para toda la superficie, por lo que el total de regadío ilegal superaría esa cifra” del 20% adicional, según la investigación.

De las 9.226 hectáreas que permite regar el plan de ordenación de 2014 al norte de la Corona Forestal de Doñana, 6.201 pertenecen a la demarcación del Guadalquivir. De estas, 4.436 tienen autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para riego, que son las únicas pertenecientes a esa cuenca legalmente regables por contar con ambos requisitos administrativos, un 72% de lo que establece el plan de 2014.

“NEGLIGENCIA”

Por otro lado, los embalses de la cuenca del Guadalquivir están actualmente a un 18,1% de su capacidad total y los del Guadalete-Barbate, a un 15,4%.

Según Greenpeace, los acuíferos subterráneos al norte de Doñana se encuentran “gravemente castigados, entre otros motivos por los pozos ilegales de la zona”. Y Andalucía es la comunidad autónoma con mayor superficie regada de todo el país, lo que la hace muy vulnerable a periodos sin lluvias, pues más del 85% del agua disponible allí se dedica a estas labores.

“Es manifiesta la negligencia del actual Gobierno de la Junta de Andalucía al no controlar la aplicación del plan de ordenación de regadíos vigente, en medio de la profunda escasez de agua que está amenazando Doñana. Si quieren ser creíbles en la negociación de un plan de desarrollo para la comarca, deberían erradicar urgentemente los regadíos ilegales que hoy permiten”, apuntó Julio Barea, responsable de Agua en Greenpeace España.

Durante el desarrollo de la investigación, Greenpeace ha documentado con imágenes ‘in situ’ la facilidad para mezclar la producción legal y la ilegal, algo compartido tanto por grandes productores como por pequeños agricultores.

“La agricultura que quiere el PP es la de los grandes empresarios que sacan el máximo provecho de la industrialización y la exportación de la producción, aun a sabiendas de que se sustenta en bajos salarios, condiciones laborales extremas para una comunidad inmigrante que es víctima de abusos a menudo y de un entorno que sufre las consecuencias de la agricultura intensiva, con contaminación por plásticos y agroquímicos y que está exprimiendo hasta la última gota de agua”, concluyó Luis Berraquero, coordinador de Greenpeace en Andalucía.