En el desarrollo de esta reforma van a participar hasta tres ministerios: Trabajo y Asuntos Sociales, Economía y Hacienda, por lo que resulta un poco más difícil la coordinación de las agendas para fijar las primeras reuniones.

El objetivo del Gobierno es "racionalizar" el sistema de rotección por desempleo, de forma que el cobro de una prestación no desincentive a un parado a aceptar un puesto de trabajo.

Entre las medidas que se barajan se encuentra la posibilidad de establecer beneficios fiscales para los perceptores de una prestación que acepten un empleo y, de este modo, no agoten el cobro del paro.

Los sindicatos ya han advertido al Ejecutivo de que no aceptarán ningún recorte de las prestaciones por desempleo, ya que el Inem tiene un superávit superior al medio billón e pesetas y cerca de la mitad de los desempleados no percibe ningún tipo de ayuda.